COMUNICADO ASOCIACIÓN PROFESIONAL DE COOPERANTES.

septiembre 5, 2017 » In: Destacadas » Dejar Comentario

Este año, con motivo de la Día de la Cooperación, desde la APC quisiéramos denunciar lo que consideramos es una demolición del sistema público de cooperación. Desde el año 2009, cuando se alcanzó el 0,45% del PIB, los presupuestos generales del Estado han ido reduciendo la Cooperación Española hasta un vergonzoso 0,12%, en 2014, aunque en los últimos años ha crecido un poco, hasta el 0,21%, especialmente debido al aumento del FONPRODE (fondo de ayuda reembolsable) instrumento de dudosa “eficacia” y que ha sido acusado por la prensa española de financiar Fondos Buitre con sede en paraísos fiscales involucrados en el acaparamiento de tierras en África, o a empresas acusadas de violación de Derechos Humanos. Todavía estamos muy lejos del reiterado compromiso de todos los partidos de llegar al 0,7%, y en la cola de los 15 países de la UE de la OCDE.

El presupuesto de cooperación apenas cubre los compromisos internacionales ineludibles, como los aportes a los organismos multilaterales. La convocatoria de proyectos a las ONGD está en su mínima expresión. La convocatoria de Convenios de ONGD -intervenciones de mayor calado de 4 años de duración- que debería haber sido convocada en el 2016, todavía no hay visos de que se vaya a volver a convocar. Han desaparecido convocatorias tan importantes como la Convocatoria Abierta y Permanente (CAP), la Cooperación Interuniversitaria, o la de la Secretaria de Estado de la Mujer para temas de género.

Sin embargo, a pesar de la crisis, emprendedoramente el presupuesto dedicado a defensa no deja de aumentar.

En el momento actual, justo cuando se está redactando el nuevo Plan Director de la Cooperación Española, se ha desmontado la Unidad de Planificación Eficacia y Calidad del Gabinete Técnico de la AECID y se ha vaciado la Secretaría General de Cooperación Internacional para el Desarrollo de su personal más capacitado y valioso. Otros grandes avances como los Programas País, que buscan una programación por resultados más eficiente, están paralizados.

La derogación de la Ley de Agencias obligará a una reconversión de la AECID. Sin duda una excelente oportunidad para hacer una profunda restructuración que permita afrontar los retos futuros. Proponemos para ello una nueva Agencia que mantenga autonomía frente al MAEC, de manera que la cooperación no sea afectada por otros intereses de la política exterior española. Vemos por tanto imprescindible la creación de un cuerpo profesional de cooperantes independiente del Cuerpo Diplomático que asuman estas funciones dentro de la AGE, recomendación reiterada en todas las evaluaciones interpares realizadas por el Comité de Ayuda al Desarrollo de la OCDE.

El personal laboral en el exterior de la AECID ha convocado un paro laboral coincidiendo con este 8 de septiembre, reivindicando su pendiente carrera profesional y equiparación en derechos con el resto del personal de la Administración General del Estado en el exterior

La Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, aprobada por la Asamblea General de Naciones Unidas el pasado 25 de septiembre de 2015, ya no es una cuestión que afecte exclusivamente a países lejanos en desarrollo. Los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) comprometen a todos los países con unos objetivos globales que no podrán alcanzarse sin la participación activa de todos y todas. Retos como el cambio climático o las crisis de refugiados sólo pueden ser acometidos con éxito en la medida en la que haya una voluntad política común, por encima de fronteras e ideologías, de resolver los problemas.

Apoyamos la propuesta de ACADE de crear una Vicepresidencia o Ministerio de Desarrollo Sostenible, con competencia ejecutiva sobre las políticas de desarrollo, cooperación internacional y de medio ambiente y el impulso de la coherencia de políticas para el desarrollo en el ámbito nacional e internacional, así como garantizar la aplicación de la Agenda 2030.

Entendemos que la política de cooperación al desarrollo no debe estar subordinada a otros intereses de la política exterior española, sino, bien al contrario, la política exterior debe respetar y priorizar los principios de la Cooperación al Desarrollo. Así, resulta incompatible que empresas españolas violen impunemente derechos fundamentales en terceros países como la construcción de la presa del Río Cahabón en Guatemala por la compañía española Grupo Cobra (ACS) o la venta de armas a países como Arabia Saudí que no respeta los derechos humanos y que además participa en los ataques a la población civil de Yemen. Igualmente es inadmisible el bloqueo de los fondos de desarrollo como moneda de cambio para la consecución de determinados acuerdos que favorezcan intereses españoles como se ha intentado en Bolivia.

En definitiva, España debe recuperar el puesto que le corresponde en el desarrollo mundial con una política de Cooperación al Desarrollo decidida, con recursos económicos suficientes y las capacidades técnicas de los profesionales de la cooperación española.

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