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COMUNICADO

El 8 de septiembre es el Día de los y las Cooperantes. Es también nuestro día, el de 183 profesionales de la Agencia Española de Cooperación Internacional al Desarrollo (AECID) que trabajamos en las Oficinas Técnicas de Cooperación en 29 países en desarrollo. Queremos trasladar que nuestra situación dista mucho de ser la que debería, ni la que todos y todas nosotras quisiéramos. Por ello, nos ponemos en paro laboral este día 8 de septiembre.

Los Responsables de Programas y Proyectos de la AECID nos encargamos de la gestión de los recursos de la Cooperación Española, así como de velar por el buen uso de nuestros fondos de Ayuda Oficial al Desarrollo. Nuestra presencia en los países con los que cooperamos y en numerosos foros internacionales es un importante activo de la acción exterior española y de la imagen de nuestro país en el exterior.

Desde 2007, año de creación de nuestras plazas como contratados laborales por la administración, la AECID sigue sin contar con una Política de Recursos Humanos que consolide nuestro cuerpo técnico especializado en cooperación, establezca nuestra carrera -incluyendo un sistema de promoción profesional- y reconozca nuestras necesidades laborales. La ausencia de esta política ha dado lugar a que, durante estos 10 años, nuestra única vía de resolución de conflictos haya sido la judicial, a pesar de los reiterados llamados al diálogo y al entendimiento realizados por el colectivo.

Desde 2009 hemos sufrido la práctica congelación de nuestros salarios, a diferencia del resto de personal funcionario en el exterior, quienes cuentan con indemnizaciones que corrigen anualmente la pérdida de poder adquisitivo y calidad de vida. Nuestros salarios, debido a los procesos inflacionarios en los países en que vivimos, y a la fluctuación del tipo de cambio del euro, valen hoy en algunos casos hasta un 60% menos de lo que valían en 2008.

No solicitamos aumento de sueldo, sino la aplicación de las mismas medidas compensatorias que ya están tipificadas y sirven para otros colectivos de la Administración General del Estado en el exterior.

Desde 2012 el Gobierno decretó la anulación del pago de billetes de avión anuales a España para todo el personal en el exterior, sin distinciones. Esta medida ha impactado más crudamente en nuestro colectivo, por la misma precariedad económica. Como consecuencia, para muchos de nosotros y nosotras se ha producido un destierro de hecho y la ruptura de nuestros lazos con España. En las actuales circunstancias, muy pocos podemos permitirnos viajar con nuestras familias una vez al año a ver a familiares y amigos.

A diferencia de otros colectivos de trabajadores y trabajadoras españolas en el extranjero, a nuestro colectivo no se le aplica ninguna de las exenciones fiscales previstas en la ley del IRPF a los residentes en el exterior. Pagamos impuestos y no disfrutamos de ninguno de los beneficios de los contribuyentes españoles.

Estamos sometidos a un sistema de movilidad entre países que no cuenta con regulación transparente ni incentivos, lo que implica que cada traslado nos genera un grave perjuicio económico. Los Tribunales han calificado la última rotación obligatoria de Responsables de Programas realizada en 2013 por AECID como abusiva y contraria a la buena fe contractual. Queremos un sistema de traslados previsible y no arbitrario. Al respecto y hasta la fecha, el diálogo con la administración se ha mantenido en los juzgados.

En estas circunstancias, en los últimos años un 40% de la plantilla ha dejado la institución o busca hacerlo próximamente por precariedad laboral y falta de incentivos profesionales.

La movilidad geográfica de nuestro colectivo limita el desarrollo profesional y laboral de nuestras parejas y cónyuges, lo que afecta sin duda a nuestra economía y a la conciliación de nuestra vida laboral y familiar. No contamos con incentivos ni medidas de apoyo. Esta circunstancia se agrava, cuando se trata de parejas sin nacionalidad española. Trabajamos para el Estado Español pero nuestras parejas no pueden acceder a la nacionalidad española por no estar viviendo en España.

A diferencia del resto del personal de la administración española en el exterior, los seguros médicos con que contamos sólo nos cubren en el exterior, precisamente donde los sistemas sanitarios son más precarios. En nuestras circunstancias, se nos hace imposible el uso de la sanidad pública española cuando surgen problemas de salud importantes, difícilmente atendibles, en muchos casos, en los países donde vivimos.

En conclusión, el colectivo de Responsables de Programas y Proyectos de AECID denuncia el trato injusto al que es sometido por la ineficaz gestión de recursos humanos de esta institución, que es solo un reflejo de la escasa calidad de la política de cooperación para el desarrollo de España, que tras 26 años de pertenencia al Comité de Ayuda al Desarrollo de la OCDE, sigue sin encontrar un rumbo coherente con los principios internacionales de eficacia, eficiencia y transparencia.

Colectivo de Responsables de Programas y Responsables de Proyectos de AECID

28 de agosto de 2017

Representantes del Comité de Huelga:

Isabel González (CSI-F) Responsable de Programas OTC Nicaragua. e-mail: isabel.gonzalez@aecid.es

Julián Egea (UGT) Responsable de Programas OTC Panamá. e-mail: julian.egea@aecid.es

Carlos Latorre (CCOO) Responsable de Programas OTC Honduras. e-mail: carlos.latorre@aecid.es

Este año, con motivo de la Día de la Cooperación, desde la APC quisiéramos denunciar lo que consideramos es una demolición del sistema público de cooperación. Desde el año 2009, cuando se alcanzó el 0,45% del PIB, los presupuestos generales del Estado han ido reduciendo la Cooperación Española hasta un vergonzoso 0,12%, en 2014, aunque en los últimos años ha crecido un poco, hasta el 0,21%, especialmente debido al aumento del FONPRODE (fondo de ayuda reembolsable) instrumento de dudosa “eficacia” y que ha sido acusado por la prensa española de financiar Fondos Buitre con sede en paraísos fiscales involucrados en el acaparamiento de tierras en África, o a empresas acusadas de violación de Derechos Humanos. Todavía estamos muy lejos del reiterado compromiso de todos los partidos de llegar al 0,7%, y en la cola de los 15 países de la UE de la OCDE.

El presupuesto de cooperación apenas cubre los compromisos internacionales ineludibles, como los aportes a los organismos multilaterales. La convocatoria de proyectos a las ONGD está en su mínima expresión. La convocatoria de Convenios de ONGD -intervenciones de mayor calado de 4 años de duración- que debería haber sido convocada en el 2016, todavía no hay visos de que se vaya a volver a convocar. Han desaparecido convocatorias tan importantes como la Convocatoria Abierta y Permanente (CAP), la Cooperación Interuniversitaria, o la de la Secretaria de Estado de la Mujer para temas de género.

Sin embargo, a pesar de la crisis, emprendedoramente el presupuesto dedicado a defensa no deja de aumentar.

En el momento actual, justo cuando se está redactando el nuevo Plan Director de la Cooperación Española, se ha desmontado la Unidad de Planificación Eficacia y Calidad del Gabinete Técnico de la AECID y se ha vaciado la Secretaría General de Cooperación Internacional para el Desarrollo de su personal más capacitado y valioso. Otros grandes avances como los Programas País, que buscan una programación por resultados más eficiente, están paralizados.

La derogación de la Ley de Agencias obligará a una reconversión de la AECID. Sin duda una excelente oportunidad para hacer una profunda restructuración que permita afrontar los retos futuros. Proponemos para ello una nueva Agencia que mantenga autonomía frente al MAEC, de manera que la cooperación no sea afectada por otros intereses de la política exterior española. Vemos por tanto imprescindible la creación de un cuerpo profesional de cooperantes independiente del Cuerpo Diplomático que asuman estas funciones dentro de la AGE, recomendación reiterada en todas las evaluaciones interpares realizadas por el Comité de Ayuda al Desarrollo de la OCDE.

El personal laboral en el exterior de la AECID ha convocado un paro laboral coincidiendo con este 8 de septiembre, reivindicando su pendiente carrera profesional y equiparación en derechos con el resto del personal de la Administración General del Estado en el exterior

La Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, aprobada por la Asamblea General de Naciones Unidas el pasado 25 de septiembre de 2015, ya no es una cuestión que afecte exclusivamente a países lejanos en desarrollo. Los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) comprometen a todos los países con unos objetivos globales que no podrán alcanzarse sin la participación activa de todos y todas. Retos como el cambio climático o las crisis de refugiados sólo pueden ser acometidos con éxito en la medida en la que haya una voluntad política común, por encima de fronteras e ideologías, de resolver los problemas.

Apoyamos la propuesta de ACADE de crear una Vicepresidencia o Ministerio de Desarrollo Sostenible, con competencia ejecutiva sobre las políticas de desarrollo, cooperación internacional y de medio ambiente y el impulso de la coherencia de políticas para el desarrollo en el ámbito nacional e internacional, así como garantizar la aplicación de la Agenda 2030.

Entendemos que la política de cooperación al desarrollo no debe estar subordinada a otros intereses de la política exterior española, sino, bien al contrario, la política exterior debe respetar y priorizar los principios de la Cooperación al Desarrollo. Así, resulta incompatible que empresas españolas violen impunemente derechos fundamentales en terceros países como la construcción de la presa del Río Cahabón en Guatemala por la compañía española Grupo Cobra (ACS) o la venta de armas a países como Arabia Saudí que no respeta los derechos humanos y que además participa en los ataques a la población civil de Yemen. Igualmente es inadmisible el bloqueo de los fondos de desarrollo como moneda de cambio para la consecución de determinados acuerdos que favorezcan intereses españoles como se ha intentado en Bolivia.

En definitiva, España debe recuperar el puesto que le corresponde en el desarrollo mundial con una política de Cooperación al Desarrollo decidida, con recursos económicos suficientes y las capacidades técnicas de los profesionales de la cooperación española.

El documento de propuestas puede verse aquí: Propuestas de ACADE para el Vº Plan Director de la Coo peración Española

La Cooperación Española se encuentra en  situación de debilidad extrema, consecuencia de más de ocho años de sucesivos recortes presupuestarios, que le han conducido a una pérdida de presencia internacional, al adelgazamiento o extinción de alguna de sus acciones más significativas, al vaciamiento de recursos humanos en puestos clave de la estructura operativa y a una fragilidad notable del sistema en su conjunto, que ha conducido al desánimo a una parte de los gestores y actores implicados. En estas condiciones, la elaboración del Vº Plan Director de la Cooperación Española constituye una oportunidad única para producir un cambio sustancial en la situación. No cabe espacio para la rutina ni para retoques menores a través de un Plan Director de transición: lo que se requiere es una respuesta audaz y comprometida, que afronte las reformas que el sistema requiere y revierta el proceso de estos últimos años, para poner a España en condiciones de cumplir con los compromisos que plantea la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, aprobada en Naciones Unidas. Tras la elaboración de un Manifiesto para las fuerzas políticas en defensa de la política de cooperación, en otoño de 2016, secundado por más de 200 firmas de profesionales de la cooperación y la realización de unos talleres en mayo de 2017 sobre el Plan Director, ACADE quiere formular al Gobierno, a las fuerzas políticas parlamentarias y a la sociedad las siguientes propuestas en relación con el futuro Plan Director: 1.- El Plan Director debe estar acompañado de un firme y expreso compromiso en materia presupuestaria que suponga un proceso pautado de expansión de los recursos asignados a la ayuda internacional. No cabe contemplar de modo silencioso el retroceso que se ha producido en la posición relativa de nuestro país entre los donantes de la OCDE, con caídas de la ayuda que superan las de países (como Portugal o Irlanda) que han padecido más severamente la crisis. El proceso de expansión de los recursos que se demanda debiera situar la AOD en el 0,40% del PNB al final de la presente legislatura. Ese crecimiento de la ayuda debe ir acompañado de una rápida recuperación de los recursos asignados a la ayuda humanitaria, dada la severidad de las crisis asociadas a hambrunas y conflictos que sacuden al escenario internacional. 2.- De forma paralela a la elaboración del Plan Director, el gobierno debe proceder a las reformas institucionales y legislativas necesarias para garantizar que se está en condiciones de hacer una gestión eficiente de los recursos. Es necesario reformar la arquitectura del sistema, hoy caracterizada por una elevada dispersión y una limitada coordinación de las instituciones responsables. Y es requerido también modificar los marcos administrativos y legislativos que condicionan la ejecución de la ayuda, que impiden que España pueda actuar con instrumentos que otros donantes tienen, como la ayuda programática, la cooperación financiera, la asistencia técnica ágil, las asociaciones estratégicas con la sociedad civil y la academia o la alianza con actores internacionales, no solo públicos. 3.- Ese proceso debe acompañarse de otro paralelo de ampliación de las capacidades técnicas e institucionales del sistema. Esto supone poder captar y dar empleo en condiciones adecuadas al personal experto que se requiere, poner en marcha una política activa de recursos humanos que permita que los trabajadores en este ámbito puedan tener una trayectoria profesional previsible y promover un cambio organizacional que afecte a la estructura, a los procedimientos y a la cultura de trabajo de las instituciones implicadas. También supone articular una política de formación y gestión del conocimiento adaptada a los nuevos retos del contexto e integrada en la cultura organizativa de las instituciones líder de la cooperación española. 4.- Dada la pertenencia a la UE, España debe estar en condiciones de practicar la cooperación delegada, haciéndose cargo de la gestión o coordinación de acciones compartidas entre socios europeos. Ahora bien, esa implicación no debe eximir a la cooperación española de definir sus propias políticas y acciones, contando con los recursos y capacidades para hacerlas realidad. Adicionalmente, es importante que España se distancie de las tendencias que se observan en la UE hacia la securitización de ámbitos sensibles de la cooperación para el desarrollo, como pueda ser el caso de las migraciones. Las actividades que se hagan en este y otros campos deben estar presididas por los objetivos y normas propias de la acción de desarrollo y orientadas a brindar oportunidades de vida digna a las personas, especialmente las más vulnerables, para que el principio de coherencia de políticas no sea un lema vacío. 5.- El Plan Director que se requiere debe distanciarse de las orientaciones de planes precedentes y, en lugar de hacer una selección cerrada de prioridades sectoriales, debiera centrar la atención en la formulación de unos propósitos estratégicos claros y en la definición de los métodos de trabajo y de los recursos instrumentales para asentar la implicación y las alianzas entre múltiples actores diversos de la sociedad española. 6.- Aunque España debe cumplir los compromisos internacionales que le obligan a destinar una parte de la ayuda internacional a los países con mayores dificultades (países menos desarrollados o con Estados frágiles), debe también mantener su especial relación, sostenida en el tiempo, con los países de renta media. También estos países requieren del apoyo internacional para superar los déficits estructurales que padecen y para sumarse de forma activa a la implementación de la Agenda 2030. No basta con reconocer que se debe mantener la cooperación con este tipo de países, en especial los más vulnerables, sino también entender que el tipo de cooperación que se requiere es distinto a la practicada con los países más pobres. 7.- La Agenda 2030 no sólo convoca a los poderes públicos sino a todos los actores sociales a un esfuerzo conjunto para hacer realidad los ODS. Por su ambición y universalidad, esos objetivos no se conseguirán si no se logra implicar en la tarea a actores diversos, que sumen capacidades, recursos y experiencias propias. Los actores de la cooperación, y muy particularmente los actores públicos (ministerios de la AGE, comunidades autónomas, ayuntamientos y universidades), deben orientar su esfuerzo a facilitar esos vínculos de trabajo en común, reconociendo la diversidad de intereses y miradas que les caracteriza. 8.- El Plan Director debe entender y afirmar el papel clave que la sociedad civil tiene en España y Europa para impulsar las políticas, las alianzas y el apoyo social que requiere la Agenda 2030 y velar por su efectivo cumplimiento; y en los países en desarrollo, como agente activo en la defensa de los derechos humanos, la articulación de la voz de los sectores sociales excluidos, como mecanismo de presión y de exigencia de rendición de cuentas a los poderes públicos y como proveedor de servicios complementarios a las comunidades, allí donde el Estado no llegue. 9.- En suma, ACADE apoya que se defina un Plan Director comprometido, con voluntad seria de revertir la situación de extrema debilidad en la que se encuentra la cooperación española y con vocación de ilusionar e implicar activamente al conjunto de los actores sociales. Asociación de Profesionales por la Calidad de la Cooperación para el Desarrollo (ACADE) Madrid, junio de 2017