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La pesadilla de las mujeres que siguen injustamente encarceladas por haber sufrido un aborto espontáneo, debe terminar ya

 4 MAR. Tomado de blog Planeta Futuro de El País: El Salvador y “Las 17”

Marlene fue condenada en El salvador después de haber sufrido un aborto involuntario cuando tenía 18 años. / AMNISTÍA INTERNACIONA

El mes pasado, en El Salvador, una joven quedaba en libertad tras pasar casi 10 años en prisión. Carmen Guadalupe Vásquez Aldana sólo tenía 18 años cuando fue condenada a cumplir 30 años de cárcel en 2008. ¿Su delito? Haber sufrido un aborto espontáneo.

La legislación sobre el aborto de El Salvador está entre las más draconianas del mundo. Penaliza el aborto en todos los supuestos, incluso cuando peligra la vida o la salud de la embarazada y en los casos de violación. Mujeres y niñas no pueden acceder al aborto ni siquiera cuando la continuación del embarazo comporta riesgo para su vida o cuando el feto no es viable.

Las consecuencias para las embarazadas que desafían la ley e intentan acceder a un aborto clandestino e inseguro pueden ser terribles: la Organización Mundial de la Salud informó en 2008 de que el 9% de las muertes maternas en Centroamérica se deben a estas prácticas.

En general, las salvadoreñas con mayor nivel adquisitivo pagan servicios privados o viajan al extranjero para recibir asistencia médica adecuada. Lo habitual es que las víctimas de la ley sean pacientes de los dispensarios públicos del país, cuyo personal médico, por temor a ser procesado, llama a la policía cuando una mujer llega con dolores.

Eso fue lo que le pasó a Vásquez, cuyo abogado, Dennis Muñoz, ha calificado la política sobre el aborto de “caza de brujas contra las mujeres pobres”.

El Salvador es un país sumamente conservador, donde la influencia de la iglesia católica se extiende a la toma de decisiones políticas. En la década de 1990, en los inestables años de reconstrucción del país tras un decenio de guerra civil, la iglesia dirigió una campaña que tuvo como consecuencia la prohibición absoluta en 1998.

Actualmente, el poder eclesiástico actúa junto a un grupo de presión bien financiado y relacionado que hace campaña contra el derecho al aborto y a una prensa a la que le falta tiempo para calificar de delincuentes a mujeres que han sufrido abortos espontáneos. Los escasos políticos que han criticado la prohibición han sufrido una reacción adversa de la opinión pública.

Vásquez se quedó embarazada debido a una violación. Al sufrir un aborto espontáneo y ser ingresada en un hospital de San Salvador, la capital, sus médicos la acusaron de haber puesto fin al embarazo intencionadamente. A pesar de las endebles pruebas en su contra, fue declarada culpable de homicidio agravado y condenada a prisión.

Su caso dista de ser aislado. Según la Agrupación Ciudadana por la Despenalización del Aborto, grupo de defensa radicado en El Salvador, 129 mujeres fueron procesadas en el país entre 2000 y 2011 por delitos relacionados con la interrupción del embarazo. De ellas, 23 fueron declaradas culpables de someterse a una intervención ilegal y 26 de homicidio.En los 90, la iglesia dirigió una campaña en El Salvador que tuvo como consecuencia la prohibición del aborto

Vásquez es una de las 17 mujeres —conocidas como Las 17— que fueron condenadas entre 1999 y 2011 a penas de hasta 40 años de prisión tras sufrir un aborto espontáneo, la mayoría por el cargo de homicidio agravado. Aunque no hay datos estadísticos oficiales disponibles, Amnistía Internacional calcula que al menos cinco mujeres más se encuentran actualmente en espera de sentencia por cargos parecidos relacionados con el embarazo.

En abril, Las 17 pasaron a ocupar el centro de una campaña global cuando, tras años de esfuerzo y una vez agotadas todas las demás vías legales, sus abogados solicitaron el indulto presidencial. El año pasado visité la cárcel de Ilopango, centro penitenciario para mujeres en el extrarradio de San Salvador donde están encarceladas la mayoría de ellas, incluida la Srta. Vásquez.

Como es característico de las cárceles del país, Ilopango es un lugar miserable y atestado: la superpoblación, según algunos cálculos, es de casi el 1.000 %. Alrededor de 40 mujeres duermen en una celda; un guardia de la prisión me contó que allí viven más de 100 niños de menos de cinco años con sus madres.

En enero, la Asamblea Legislativa de El Salvador concedió el indulto a Vásquez basándose en que se había vulnerado el debido proceso en su juicio original. En los próximos meses se presentarán otros casos. Aunque la victoria resulta alentadora, muchos prevén una reacción negativa de la Asamblea. Aunque El Salvador no ha hecho ninguna declaración oficial, se ha insinuado a Amnistía Internacional que no se concederán más indultos.

La Agrupación Ciudadana por la Despenalización del Aborto y activistas como Morena Herrera, quien, junto a Colectiva Feminista –organización con sede en El Salvador– lleva años luchando contra la prohibición del aborto, están estudiando posibles vías legales para que sean liberadas las demás mujeres del grupo de Las 17 si sus peticiones de indulto son rechazadas.

Una posibilidad sería elevar sus casos a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en Washington. Amnistía Internacional presentará en breve una petición con más de 200.000 firmas al presidente, Salvador Sánchez Cerén, para pedirle que revoque la legislación sobre el aborto. Otros cinco países de Latinoamérica establecen parecidas prohibiciones sobre la interrupción del embarazo: Chile, Haití, Honduras, Nicaragua y Surinam.

Chile está tomando medidas para reformar su legislación: en enero, la presidenta Michelle Bachelet presentó ante el Congreso un proyecto de ley que autorizaría el aborto si existe riesgo para la vida de la embarazada, cuando el feto no va a sobrevivir o en los casos de violación. Si se aprueba, se habrá revocado la prohibición total, en vigor desde 1989. Y, en diciembre, la República Dominicana despenalizó esta práctica en los supuestos de violación, incesto, anomalías del feto y peligro para la vida de la madre.

Es de esperar que estas medidas ejerzan presión sobre los legisladores salvadoreños para que reconsideren y rectifiquen la represiva prohibición en su país.

La exoneración de Vásquez es un triunfo en la prolongada lucha por los derechos de las mujeres en Latinoamérica, pero aún queda mucho por hacer. El Salvador debe poner fin a la abusiva práctica de penalizar las decisiones y la salud sexual y reproductiva de las mujeres, y poner en libertad a aquellas de Las 17 que permanecen injustamente encarceladas por haber sufrido un aborto espontáneo. Su pesadilla debe terminar cuanto antes.

Erika Guevara Rosas dirige el Programa de Amnistía Internacional para América.

Raúl Ciriza – ATTAC Navarra

Algunas personas que militamos en ATTAC llamamos a gráficas como esta: LA GRÁFICA. Así, con mayúsculas. Esta, por ejemplo, está extraída de un informe de la OCDE, organización nada sospechosa de mantener una ideología contraria a la dominante (en ciertos círculos es conocida como “el club de los países ricos”). Y si las llamamos LA GRÁFICA es porque, cada vez que las hacemos presentes, desnudamos gran parte de las mentiras neoliberales que constantemente oímos por ahí. Expliquemos la que hoy nos ocupa:

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Si miramos en donde pone Spain, veremos una barrita azul y, más arriba, un punto naranja. La barrita azul nos indica cuánto dinero -en cash, contante y sonante- del que procede de beneficios sociales del Estado es recogido por el 20% más pobre de la población. Proyectamos en el eje horizontal y vemos que ese gasto supone algo más de un 10% de los recursos. El punto naranja, en cambio, se refiere al 20% de población más rica, y si hacemos el mismo ejercicio observamos que consume más o menos el 25% de los beneficios sociales.

O sea, que LA GRÁFICA generada por la OCDE –organización sin sesgo contracultural- nos indica que, en España, el 20% de población más rica se pule un 25% del dinero destinado a beneficios sociales, mientras que el 20% de población más pobre solo consume la mitad.

Hasta aquí la explicación científica de LA GRÁFICA.

El riesgo, una vez expuesta esta realidad, es que ahora nos enredemos en enumerar todas las lecturas que se pueden extraer de este dato. La injusticia de que ese cash, obtenido de los impuestos que esforzadamente pagamos, no se destine a favorecer a quien más lo necesita sino que se escurra hacia la gente cuyas necesidades básicas están sobradamente colmadas. No voy a caer en esa tentación de hablar sobre lo obvio, lo que todo el mundo advierte.

Lo que toca, ahora, es encontrar usos que dar a LA GRÁFICA. Por ejemplo, podríamos imprimirla en un cartel enorme y colgarla en las paredes de todos esos bares donde se argumentan mentiras sobre el gasto social que produce la inmigración en España; o en todas las sucursales bancarias donde se quejan por el gasto a las arcas públicas que supone la exclusión social; o en todas las oficinas donde habita el convencimiento de que debería ser privado, por eficiente, el sistema de atención a la tercera edad.

O podría cobrar vida propia, LA GRÁFICA, y saltar automáticamente a tapar todas las pantallas cada vez que una televisión afirma que se acaba el dinero para las pensiones. Debería caer del cielo, como un aerolito, sobre la cabeza de ese tertuliano que asegura que es imposible pagar un subsidio a tanta gente parada. Imaginemos a LA GRÁFICA mutada en superheroína y abofeteando con rabia a quienes recortan las ayudas a comedores escolares; golpeando con sus puños a quienes cierran, para ahorrar, baños públicos en los parques; degollando a quienes hacen políticas que dificultan el acceso a rentas básicas de inclusión.

O imaginemos qué haría LA GRÁFICA en la puerta de El Corte Inglés, en ese momento en que una persona de bien se agarra la cartera porque el mendigo que pide en la puerta tiene mala pinta. Y mientras, inocentemente, deja paso a ese matrimonio adinerado que denosta lo público y que, cargado de bolsas, mira al mundo por encima del hombro.

Una de las misiones de ATTAC es desenmascarar esas ruedas de molino que los grandes medios nos obligan a tragar. Con datos, con rigurosidad y con certezas. Para ser más libres y para armarnos frente a este sistema que solo produce soledad e indefensión.

ATTAC, asociación sin ánimo de lucro, denuncia que el pasado 5 de noviembre fue publicada en el BOE la Ley 21/2014, de 4 de noviembre, por la que se modifica el texto refundido de la Ley de Propiedad Intelectual, aprobado por Real Decreto Legislativo 1/1996, de 12 de abril, y la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil, en virtud de la cual la reproducción total o parcial, así como la descarga del material de esta página es susceptible de ser gravado por un canon a cobrar por CEDRO, en contra de nuestra voluntad, y por tanto solicitamos su inmediata derogación.

ATTAC España no se identifica necesariamente con los contenidos publicados, excepto cuando son firmados por la propia organización.

Tomado de attac.es: LA GRÁFICA (8 de febrero de 2015)

Artículo de Jordi Calvo Rufanges. Tomado de publico.es (26 enero 2015): El gasto militar agudiza la crisis en España

Hay quien dice que la crisis ya se ha acabado. No hace falta recordar quién lo dice y quien no. Y puede ser verdad. Depende de para quién. Incluso hay quien puede afirmar que nunca ha habido crisis, ya que los millonarios han aumentado en número y en patrimonio durante los años de la crisis, ya són más de 400.000 las personas que en España tienen al menos un millón de dólares en su caja A. No sabemnos si también tienen una caja B. Lo que en todo caso nadie puede negar es que la crisis ha venido para quedarse en muchos hogares españoles. Más de la mitad de parados no reciben ninguna prestación, cerca de un millón de hogares no tienen ningún ingreso, quien consigue trabajo debe aceptar contratos a tiempo parcial, en muchos casos de tan solo unos días y con salarios míseros, denimilieuristas. Ni qué decir del impacto de los históricos recortes del gobierno de Mariano Rajoy en sanidad y educación de 10.000 millones de euros, que han dejado excluidas del sistema sanitario a cientos de miles de personas y deteriorado enormemente la educación pública. La lista de recortes es mucho más larga, para un análisis más exhaustivo pueden dirigirse aquí y coger la calculadora. En caso de hacer tal ejercicio, la cifra que nos aparecerá será enorme, tanto como la destinada a rescatar a los bancos o, como veremos a continuación, al gasto militar.

Porque, en relación a los efectos y consecuencias de la crisis, otro ejercicio que se puede hacer es el de navegar por los presupuestos oficiales del estado y ver de qué manera estos han variado desde 2008. Al hacerlo nos sorprenderá que haya algunos ministerios que no hayan sufrido más que ligeramente los recortes, pese a que la crisis así parece que lo requería. Me refiero al Ministerio de Defensa y, consecuentemente, al gasto militar, que el afán de opacidad del gobierno hace que no se vea reflejado más que en poco más de un tercio en el propio Ministerio de Defensa, escondiendo la mayor parte del gasto militar real en industria, interior, exteriores… En el informe Inercia, despilfarro y engaño en el gasto militar, demostramos que los políticos españoles, aun en tiempos de crisis, han mantenido (y ocultado) un más que elevado gasto militar, al tiempo que recortaban partidas esenciales para el bienestar de sus votantes.

De este modo calculamos la cifra de 130.000 millones de euros, el presupuesto destinado desde que comenzó la crisis en 2008 a mantener las estructuras de carácter militar en España. Es cierto que buena parte de este dinero se dedica a pagar salarios y al mantenimiento o gastos corrientes de las infraestructuras militares. La primera cuestión que aquí nos aparece es si necesitamos recortar, como se ha hecho en otros sectores, también en la estructura militar. Es evidente que la respuesta a tal pregunta será afirmativa siempre que nuestros valores se sitúen en la cultura de paz y negativa en caso contrario. Pero, incluso desde un punto de vista no necesariamente pacifista, imaginémonos que estamos ahora en situación de decidir que hubiéramos hecho con este presupuesto en momentos difíciles, y prestemos atención a partidas que cualquiera puede identificar como fácilmente reducibles en tiempos de crisis.

Gasto español en operaciones militares en el exterior (millones de euros) 

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 ¿Qué hubiera decidido usted durante estos años, destinar una buena parte de su presupuesto a pagar aventuras militares en lejanas montañas y en desiertos remotos (5.000 millones), a conceder ayudas y créditos blandos a la I+D militar (7.000 millones), o a realizar inversiones militares y a comprar nuevos armamentos (12.000 millones)? O en cambio hubiera optado por no recortar la sanidad o la educación, dedicar más recursos a ayudas sociales o a prestaciones por desempleo a los hogares que no tienen ningún ingreso, por poner tan solo algunos ejemplos.

Programas especiales de armamento en España (millones de euros) 

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Desde el inicio de la crisis en España se han malgastado en gastos militares al menos 24.000 millones de euros y si el cuestionamiento del gasto militar es más profundo, podemos llegar a considerar el desvío de fondos del sector civil al militar, solo en los siete años que llevamos de crisis, en 130.000 millones de euros.

 I+D militar en España (millones de euros)           

CuadroI+DmilitarEs evidente que las decisiones políticas con respecto al gasto militar en España no han priorizado las necesidades más acuciantes de la sociedad española. Nuestros gobernantes no han optado por eliminar aventuras militares fuera de nuestras fronteras, hacer lo propio con la I+D militar que lo único que genera, además de un enorme gasto para las arcas públicas, es más armas y más destructivas, ni tampoco han optado por dejar de comprar nuevas armas que en la mayoría y en el mejor de los casos no son nunca utilizadas. Sino que han mantenido en líneas generales la senda de presupuestos militares de los años de vacas gordas, como si aquí no hubiera pasado nada.

Pero la cosa es todavía más grave. A este disparatado dispendio militar hay que sumar la deuda existente a día de hoy en el Ministerio de Defensa por la adquisición de armas por valor de 34.000 millones de euros que deben ser recibidas (y pagadas) los próximos años. Pero, por si esto fuera poco, también hay que sumar la promesa de Pedro Morenés de aumentar en 10.000 millones más el dinero público que el gobierno destinará a la adquisición de nuevo armamento. ¿Quién vive aquí por encima de sus posibilidades? Causa temor, por otra parte, la similitud entre la promesa del ministro a la industria militar y el recorte en educación y sanidad decidido en el pasado. ¿Supondrá esto que se podría recuperar el nivel educativo y sanitario públicos perdidos si no compráramos más armas o que habrá que reducirlo en 10.000 millones más?

El gasto militar ha tenido un impacto enórmemente negativo en la crisis española de los últimos años. Decenas de miles de millones de los presupuestos generales del estado han sido destinados a mantener el despilfarro militar, al tiempo que se recortaban los presupuestos de los pilares del estado de bienestar. Lo peor de todo es la tendencia a que el despilfarro militar continue y que al menos 44.000 millones de dinero público vayan a ir a parar a los bolsillos de fabricantes y vendedores de armas y a continuar lastrando el desarrollo de este país. Así como otros 5.000 para misiones militares en el exterior y muy probablemente otros 7.000 millones de euros en I+D militar. Ahora solo podemos pensar en qué hubiéramos podido hacer con los 24.000 millones fácilmente recortables de los presupuestos militares en tiempos de crisis, pero quizá aun estamos a tiempo de decidir qué haremos con los 56 mil millones de euros totalmente prescindibles que pretenden que nos gastemos en armas y guerras durante los próximos años.

Reducción de presupuestos de ministerios 2008-2015

Grafico_Gtoministerios_crisis

Todos los cuadros y gráficos han sido extraídos del Informe: Inercia, despilfarro y engaño en el gsato militar, de Pere Ortega y Jordi Calvo Rufanges, publicado por el Centro Delàs de Estudios por la Pazç

Tomado de