Por: Gonzalo Fanjul | 27 de mayo de 2013
¿Cómo se explica que Guinea Ecuatorial se encuentre en el número 45 del ranking de países por renta per cápita y en el 136 cuando se trata de medir su desarrollo humano (que considera los niveles de educación y salud, además de la riqueza)? ¿Por qué Angola, cuya renta por habitante es casi el doble de la de Vietnam, soporta niveles de mortalidad infantil siete veces más altos?
La respuesta a estas preguntas está en un imprescindible informe publicado hace unos días por el Africa Progress Panel, una comisión internacional presidida por el exsecretario general de la ONU Kofi Annan. El Africa Progress Report 2013 (ver resumen aquí) ofrece una avalancha de datos y argumentos que apuntalan un mensaje fundamental: la inequidad impide a los países africanos ricos en recursos naturales traducir estos beneficios en una reducción acelerada de los niveles de pobreza. Este argumento no es nuevo, pero cobra un sentido rabiosamente actual al considerar algunos de los asuntos centrales de la agenda internacional como el encarecimiento de las materias primas, la reducción de la ayuda al desarrollo o la combinación de corrupción e ingeniería financiera que permite a numerosos gobernantes y empresas multinacionales multiplicar sus beneficios y evadir buena parte de sus impuestos.
La última década ha visto cómo los precios medios de los recursos energéticos y minerales que se producen en África llegaban a triplicarse. Este encarecimiento ha estado directamente vinculado a los niveles sostenidos de crecimiento económico que ha experimentado la región, por encima del 5% anual. Sin embargo, los datos muestran que este crecimiento ha sido capturado en buena medida por el 10% más rico de países como Gabón, Nigeria, Angola o Guinea Ecuatorial, en donde las compañías internacionales se han compinchado con una clase dirigente corrupta para depredar a las sociedades africanas los monumentales beneficios de este negocio.
Tras analizar cinco contratos realizados entre 2010 y 2012 en la RD del Congo, los investigadores del informe llegan a la conclusión de que la infravaloración de los recursos incluidos en las concesiones a compañías registradas en las Islas Vírgenes Británicas y otros paraísos fiscales supuso para los congoleños una pérdida de 1.360 millones de dólares, más del doble del presupuesto total destinado a salud y educación. Como señalan los autores, “en un país en el que 7 millones de niños están fuera de la educación primaria y la desnutrición es endémica, pérdidas de esta envergadura suponen costes humanos altos”.
Desgraciadamente, el ejemplo de la RD del Congo es la regla, más que la excepción.
Junto con la incapacidad de gobiernos e inversores para vincular las actividades extractivas a los mercados locales (tras una década de boom de las materias primas, la parte fundamental de las exportaciones sigue siendo en forma de productos no procesados, lo que deja el valor añadido de la cadena de producción en países más ricos), la preocupación fundamental de los investigadores está centrada en la estructura de las inversiones:concesiones y vacaciones fiscales o regalías inaceptablemente bajas que se benefician de la opacidad del sistema. Para muestra, un botón: entre 2005 y 2009, medio millón de trabajadores de las minas de cobre de Zambia soportaron tipos fiscales más altos que los de las grandes empresas mineras que les contrataban.
Por si fuera poco, las compañías extranjeras que operan en África (chinas, indias, brasileñas u occidentales) hacen un uso intensivo de artimañas fiscales como las transacciones entre subsidiarias de la misma compañía (comercio intra-empresa), lo que permite acumular los beneficios en países en los que los impuestos son mucho más bajos.Solo esta práctica puede haberle costado a África 38.000 millones de dólares anuales entre 2008 y 2010, más de la ayuda bilateral total que recibe el continente, lo que da una idea de la importancia que la comunidad del desarrollo concede a este asunto.
A estas alturas, ya se habrán dado cuenta de que la agenda de la equidad fiscal y de la lucha contra la corrupción es un asunto de interés común entre África y los países desarrollados como España. Por eso es necesario considerar seriamente las propuestas de reforma que realiza el informe, basadas en el ejemplo de algunos gobiernos africanos que han tomado la delantera (como Sierra Leona o Liberia), la extensión de los principios de transparencia financiera aprobados en EEUU o un paquete de medidas que reforzarían los vínculos de las inversiones con las economías locales. Todas ellas son realistas y pueden beneficiarse de este momento político en el que, por primera vez en décadas, nos estamos haciendo algunas de las preguntas fundamentales de este debate.
Tomado de blog 3500 millones de El País: Corruptos y multinacionales saquean África
- Intermon Oxfam denuncia que las arcas públicas pierden más de 120.000 millones de euros en impuestos.
- El dinero oculto en los paraísos serviría para “acabar dos veces con la pobreza extrema en todo el mundo”
Dos terceras partes del dinero que las grandes fortunas del mundo esconden en paraísos fiscales se hayan en la Unión Europea (UE) o ligados a ella, según ha denunciado Intermon Oxfam, que ha instado a los líderes de la UE a “acordar acciones inmediatas para acabar con la evasión de impuestos” y que este “dinero perdido” sirva para financiar servicios públicos.
La ONG ha estimado que “al menos 14 billones de euros pertenecientes a fortunas individuales se esconden en paraísos fiscales de todo el mundo”, lo que “representa una pérdida de más de 120.000 millones de euros en impuestos para los gobiernos del mundo”. “En un momento donde los ciudadanos, tanto en los países ricos como en los pobres, están sufriendo debido a las medidas de austeridad y al recorte de los presupuestos nacionales, este dinero escondido podría suponer financiación para los servicios públicos”, ha considerado.
Además, ha indicado que serviría para “acabar dos veces con la pobreza extrema en todo el mundo”, ya que “este dinero perdido representa el doble de lo necesario para que cada persona del mundo pueda vivir con más de 1,25 dólares al día”. “Es escandaloso que nuestros gobiernos permitan que tanto dinero se escape sin pagar impuestos, dejando fuera del lazo a aquellos individuos que más pueden contribuir a financiar los bienes y servicios públicos”, ha considerado.
Intermon Oxfam ha detallado que “dos tercios de esta riqueza escondida en paraísos fiscales –más de 9,5 billones de euros– se esconde en paraísos de la UE o bajo su jurisdicción. “Sólo Reino Unido y territorios dependientes acumulan más de la mitad de esa cantidad, convirtiéndolo de lejos en el principal culpable, pero de ninguna manera en el único”, ha dicho, apuntando a Luxemburgo, Andorra, Malta.
“Los líderes europeos no tienen ninguna excusa para no actuar cuando ven la proporción de dinero que se esconde justo debajo de sus narices. Pueden ser acusados justamente de pura y simple hipocresía”, ha dicho el director general de la ONG, José María Vera.
Vera ha indicado que “es hora de que la UE tome partido por los ciudadanos de a pie, en lugar de beneficiar a unos pocos privilegiados”. “Su credibilidad está en juego”, ha advertido, a través de un comunicado. Así, el jefe de Intermon Oxfam ha indicado que “en la reunión de hoy en Bruselas los líderes de la UE deben acordar acciones inmediatas para acabar con la evasión de impuestos”, señalando a la “tasa a las transacciones financieras”.
“La implantación de una tasa a las transacciones financieras, que 11 países de la UE han acordado (incluida España), generaría unos ingresos para nuestro país en torno a los 5.000 millones de euros al año, que podrían combatir los efectos de la crisis en las personas más vulnerables”, ha explicado.
Tomado de Público (22 de mayo de 2013): Dos tercios del dinero oculto en paraísos fiscales se esconden en la UE
Otra noticia relacionada en Público (22 de mayo de 2013): La cumbre europea contra los paraísos fiscales concluye con escasos avances
Vicenç Navarro
Catedrático de Políticas Públicas. Universidad Pompeu Fabra, y Profesor de Public Policy. The Johns Hopkins University
Cuando usted vaya a comprarse una camisa o cualquier producto textil, mire donde está hecho el producto. Verá que la gran mayoría procede de países mal llamados pobres (en realidad tienen grandes cantidades de recursos, por lo general, controlados por intereses financieros y económicos extranjeros) donde los seres humanos que los producen viven y trabajan en condiciones misérrimas. Uno de ellos es Bangladesh. Este país es sumamente rico. Su tierra, extremadamente fértil, puede producir suficiente alimento para poder satisfacer las necesidades nutritivas de una población veinte veces superior a la actual. Y a pesar de ello, la mayoría de la población, y muy en particular la que vive en las zonas rurales (82%), que constituye la mayoría, está malnutrida, con amplios sectores experimentando hambre. En realidad, Bangladesh es considerado, junto con Haití, el país más pobre del mundo, lo cual quiere decir que es el país que tiene un mayor porcentaje de población pobre, a pesar de que los datos muestran que Bangladesh (así como Haití) tiene los recursos para salir de la pobreza (ver “Cólera en Haití”, El Plural, 16.12.12; y “Continúa el escándalo del cólera en Haití” Público, 27.02.13).
No es, pues, la falta de recursos la causa de su pobreza, sino el control de estos recursos. El 16% de los propietarios de tierra controlan el 60% de toda la tierra, la cual cultivan para producir alimento que se exporta a los países llamados “desarrollados”. Esta casta de terratenientes se alía y está al servicio de compañías agropecuarias extranjeras que dirigen la explotación de la tierra (es decir, lo que se produce, cómo se produce y cómo se distribuye).
Esta estructura productiva es la que se reproduce por un sistema político que teóricamente se define como democrático y representativo: tiene incluso pluralidad de partidos políticos y elecciones parlamentarias. Este sistema, sin embargo, está influenciado enormemente por el bloque de poder financiero-económico-político constituido por los grandes terratenientes del sector agrícola, que son los que en realidad gobiernan aquel país. Esta enorme concentración de la propiedad de la tierra crea una enorme pobreza. Y la gran mayoría del alimento que se produce se consume fuera del país.
Esta oligarquía agrícola está aliada con otros intereses domésticos ligados también a las grandes compañías extranjeras que realizan su producción en Bangladesh a unos costes laborales bajísimos. La población pobrísima expulsada del campo acepta salarios misérrimos, pues no hay otros disponibles. Esta estructura económico-política dictamina que la gran mayoría de la población trabajadora esté totalmente desprotegida, lo cual ocurre en todos los sectores productivos de la economía, incluyendo el textil. Este sector está controlado por las grandes compañías textiles que hoy dominan el mercado internacional, tales como Benetton, H&M o Mango entre muchas otras, y una larga lista de cadenas internacionales de distribución y comercio, como El Corte Inglés, que están todas ellas en Bangladesh por el bajísimo coste de los salarios de los trabajadores (21 céntimos por hora) que trabajan en unas condiciones miserables, en fábricas carentes de los más mínimos requisitos de seguridad. Desde 2005 han muerto más de setecientos trabajadores en incendios en fábricas. El más reciente, hasta hace unos días, fue el fuego de la fábrica textil de Tazreen, que ocurrió el pasado 24 de noviembre de 2012, tal como indica David Bacon en su artículo “Bangladesh disaster: Who Pays the Real Price for your Shirt?”. The Progressive (26.04.13). En aquel incendio 112 trabajadores perecieron, un número elevadísimo para un accidente de esta naturaleza. Y la causa son las pésimas condiciones en las que se encuentran las fábricas. Ninguna de ellas tiene salidas de emergencia (en realidad todas las puertas están cerradas con llave para evitar la salida de los trabajadores, excepto en las horas de entrada y salida) y no disponen de extintores de fuego.
En la desgracia que ocurrió hace unas semanas en Rana Plaza (a 29 kilómetros de Dhaka), donde perecieron más de mil trabajadores, el edificio se vino abajo debido a que se abrieron muchas y amplias grietas en las paredes y en los tejados, aperturas que habían aparecido paulatinamente hasta entonces y que habían sido denunciadas por los propios trabajadores, siendo sus avisos ignorados por el propietario del edificio, el Sr. Sohel Rana, que es, por cierto, uno de los dirigentes del partido gobernante Awami League. Pocos días después del colapso de la fábrica, 20.000 trabajadores de fábricas cercanas a la que se derrumbó se manifestaron en protesta. La estructura de poder que gobierna Bangladesh es plenamente consciente de que está sentada sobre un volcán, lo cual ocurre en la mayoría de los países mal llamados pobres. De ahí la enorme represión que existe en estos países. Y la policía inmediatamente se movilizó para frenar y cortar la posibilidad de que se iniciara la explosión del volcán.
Pero existe otra forma de represión –que apenas ha salido en los medios-, dirigida por las grandes corporaciones textiles extranjeras que, aliadas con las élites gobernantes del país, configuran las intervenciones públicas que sostienen un sistema basado en una enorme explotación. Y me estoy refiriendo a la gran industria certificadora (que maneja 80.000 millones de dólares) que trabaja para estas compañías textiles. Estas compañías protegen a las compañías explotadoras, defendiéndolas legal y mediáticamente, minimizando y trivializando el daño y la participación de las mismas en la contratación de aquellas fábricas. Detrás de cada corporación (sea textil o no) existen compañías de certificación que intentan minimizar los costes (incluyendo los costes mediáticos de imagen) que estos desastres suponen para las compañías.
¿Qué puede hacerse frente a esta situación?
Muchas cosas:
- Denunciar la situación de manera que la movilización ciudadana en los países importadores de estos productos boicotee los productos procedentes de lugares donde exista empleo en condiciones que deberían considerarse inaceptables. Las empresas que utilizan estos productos están entre las más rentables hoy, beneficios que se están consiguiendo a base de una enorme explotación. Varias cadenas de televisión en los países nórdicos han dejado de ofrecer espacio de promoción a las industrias textiles que trabajan en Bangladesh, incluida Suecia, contra H&M, industria textil sueca.
- Establecer normas en el comercio internacional, para que las condiciones salariales y laborales, así como la existencia de derechos humanos, como el de sindicalizarse, sean respetados, considerándolos como condiciones indispensables para permitir el comercio.
Estas intervenciones son las que ahora se están explorando para paliar la enorme explotación que está ocurriendo en los países mal llamados pobres. Estas intervenciones incluyen muchas que son bien intencionadas y merecen aplicarse. Pero hay que ser conscientes de que son claramente insuficientes, pues la raíz del problema es la enorme mala distribución de poder que existe en estos países, donde hay unas minorías enormemente poderosas, en alianza con grandes corporaciones (mal llamadas multinacionales, pues están todas ellas basadas en un Estado-nación, el cual las protege en sus intervenciones públicas).
Lo que debería ocurrir es una enorme redistribución de los recursos de los que tales países ya disponen, de manera que la demanda doméstica fuera el motor de la economía, en lugar de las exportaciones, las cuales solo benefician a sectores muy limitados de la población. El caso de China, que era, antes de que lo fuera Bangladesh, el proveedor de trabajo pésimamente pagado a las industrias textiles, muestra las grandes limitaciones de una economía orientada a las exportaciones. El llamado “milagro económico” chino se basa en una enorme opresión de las clases populares, con un claro ataque a su bienestar social, como muestra el aumento de la mortalidad infantil en las áreas rurales donde vive la mayoría de la población. Un tanto semejante ocurre ahora en Bangladesh.
El modelo basado en las exportaciones –que es el modelo neoliberal- se ha experimentado ya en América Latina, en África y en Asia, y ha sido un fracaso. Aparece sobre el papel como un gran éxito, pues el PIB crece de una manera muy marcada (tanto como crece el sector exportador) y, como consecuencia, el PIB per cápita promedio crece también muy significativamente. Pero los promedios no incluyen información sobre la distribución. En todos estos países ha habido una gran absorción de la riqueza por parte de unas minorías que controlan el poder político a costa del empobrecimiento de la mayoría de la población.
Y la evidencia científica que avala lo dicho es abrumadora. Los únicos países que han salido de la pobreza han sido los países que han llevado a cabo medidas redistributivas que aumentaron la capacidad adquisitiva de la población, convirtiéndose, con ello, la demanda doméstica en el mayor motor de la economía.
Y ahí está la raíz del problema que se evita que aparezca en los mayores medios de información. Si el gobierno de un país mal llamado pobre tomara estas medidas redistributivas, inmediatamente originaría una enorme hostilidad en los centros de poder de los países llamados desarrollados, hostilidad debida, en parte, al enorme poder que las compañas ligadas a la exportación tienen sobre los Estados de estas transnacionales (repito, mal llamadas multinacionales) y también en parte al poder de las clases más adineradas de los países desarrollados, que se solidarizan con las clases adineradas de los países mal llamados pobres. A ambos les entra pánico cuando oyen hablar y/o ven experiencias exitosas de redistribución de recursos, que perciben (correctamente) que afectaría negativamente a sus intereses. Es lo que mi amigo Jeff Faux, fundador del Economic Policy Institute, dijo en su momento: “la alianza de clases de los poderosos en el mundo”. Pero de esto, usted, lector, no leerá nada en los diarios, ni verá en la televisión.
Una última observación. La manera como se ha ido llevando la globalización en el mundo, bajo el criterio neoliberal, no ha beneficiado al mundo del subdesarrollo (véase Bangladesh), ni al mundo desarrollado (véase la destrucción de la industria textil catalana). Tiene que revertirse esta globalización, desglobalizando la economía internacional, creándose zonas regionales (como el MERCOSUR) y de integración económica de parecido nivel de desarrollo, evitando la reducción de salarios como medidas competitivas (la típica solución liberal), tema del que he escrito extensamente (ver mis dos libros en Ariel Económica, “Globalización económica, poder político y Estado del bienestar” y “Neoliberalismo y Estado del Bienestar”) y del cual escribiré en otro artículo.
Tomado de blog Dominio Público de Público (23 mayo 2013): Lo que no se dice de Bangladesh
