Anticooperación

  • Un informe de la Casa Blanca muestra los estragos del cambio climático
  • El presidente apoya las evidencias científicas en televisión

Tomado de El País (6 de mayo de 2014): EE UU prueba a sus ciudadanos que el calentamiento es real

Bomberos trabajando en un incendio forestal en California. / ATLAS / AP

Los efectos del cambio climático ya no son una amenaza lejana, un problema que se pueda postergar. Tal y como alertaron los científicos de la ONU hace unos meses, la subida del nivel del mar, la acidificación de los océanos, las sequías y las inundaciones van dejando su impronta en todo el mundo. Y Estados Unidos, el segundo país —por detrás de China— que más gases de efecto invernadero emite, es mucho más consciente desde que este martes la Casa Blanca hizo público un informe que alerta sobre las consecuencias del calentamiento en su territorio: dependiendo de dónde vivan, los estadounidenses tendrán más dificultad para acceder al agua, sufrirán más lluvias torrenciales o verán mermadas las cosechas.

El informe, elaborado durante cuatro años por más de dos centenares de científicos y varias agencias gubernamentales, pretende exponer la literatura científica disponible acerca de un problema que preocupa a todos los líderes mundiales. Especialmente, a medida que se acerca la decisiva cita que tienen el año que viene en París, donde la cumbre del clima debería sustituir —y mejorar— el protocolo de Kioto y asignar un nuevo reparto internacional de emisiones. El llamado Informe Nacional del Clima es el tercero que encarga la Casa Blanca. Sin embargo, ninguno de los otros dos presidentes apoyó sus conclusiones como lo hizo ayer Barack Obama: el presidente dio varias entrevistas en televisión para hablar del cambio climático.

¿Pretende Estados Unidos reemplazar a Europa en el liderazgo de la lucha contra el calentamiento global? Manuel de Castro, catedrático de la Universidad de Castilla-La Mancha y uno de los autores del último informe del IPCC (el panel de expertos de la ONU), señala que aún es pronto para asegurarlo —“el próximo año en París vamos a tener una excelente ocasión de comprobarlo”, dice— pero valora que el hecho de que Obama “haga bandera” del informe “podría hacer pensar que se va a tomar más en serio el asunto”. El presidente tiene, eso sí, “muchos intereses que juegan en contra, empezando por las reservas energéticas fósiles que parece que les van a convertir en autosuficientes”. Aún no se puede afirmar que EE UU se quiera poner al frente de la ofensiva global contra el cambio climático, pero si quisiera hacerlo la UE ya no le disputaría el puesto como antes. Tras meses de tiras y aflojas entre los Estados, Bruselas aprobó en enero un compromiso medioambiental para 2030 menos ambicioso que el actual, algo que se ha interpretado como un paso atrás en su liderazgo internacional en materia de cambio climático.

Desde Washington, en cambio, ayer se lanzó la que sus autores consideran “la mayor señal de alarma” sobre la urgencia con la que EE UU debe responder al desafío del clima. “Ya no estamos hablando de una realidad futura. El cambio climático afecta a todas las regiones del país”, afirmó John Holdren, director de la Oficina de Ciencia y Tecnología de la Casa Blanca. El asesor defendió que el nuevo informe, “el más exhaustivo y con mayor autoridad sobre cómo el cambio climático está afectando a EE UU y lo hará en el próximo siglo”, aporta datos a las autoridades para decidir qué medidas deben tomar. Datos que sirven para que el cambio climático sea menos abstracto para el estadounidense medio, explica al teléfono Lou Leonard, vicepresidente de cambio climático de WWF en EE UU. “El informe manda el mensaje de que el calentamiento ya está sucediendo, y que se nota aquí, en el patio de atrás de cada ciudadano”, añade.

En 2012, el mismo año que EE UU padeció los efectos del huracán Sandy, la región central del país era víctima de una de las peores sequías en su historia, un tercio de la población experimentó temperaturas por encima de los 38 grados durante más de diez días y se batieron 356 récords de temperatura en todo el país. El Informe Nacional del Clima analiza los efectos de estos fenómenos en ocho regiones, documentando sus consecuencias en el ámbito de la salud, el transporte, el agua, las infraestructuras, la economía, la energía y la agricultura.

“Durante las últimas décadas hemos detectado los ámbitos en los que ha impactado el cambio climático; ahora, por primera vez, podemos conectar a todos entre sí”, explica Jerry Melillo, presidente del Laboratorio de Biología Marina y asesor de Obama. El cambio climático “afecta a la solvencia y capacidad del sistema de transporte” de EE UU, según el documento, disparará los efectos por “inundaciones en aeropuertos, bahías, puertos, túneles y líneas de tren”, y continuará desafiando la red de producción de energía del país y amenazando la salud de las personas a causa de “incendios, descenso de la calidad del aire, problemas de salud mental y enfermedades transmitidas por la comida el agua o mosquitos”.

La Casa Blanca defiende que el estudio servirá para convencer a los escépticos. Obama necesita su apoyo, especialmente entre los republicanos de la Cámara de Representantes, para aprobar las medidas que permitan responder a los desafíos del clima cuanto antes. El plan contra el cambio climático de la Casa Blanca, de 2013, proponía inversiones en infraestructuras, como carreteras, puentes o incluso hospitales que tengan garantizado su funcionamiento durante huracanes o inundaciones.

El informe relata que durante las últimas cinco décadas las precipitaciones torrenciales han aumentado un 71% en la región del noreste, un 37% en el centro del país y un 27% en el sur. Las altas temperaturas —con una subida media de un grado en los últimos 100 años— pueden ascender 4,5 grados a finales de este siglo. El texto añade que el mayor desafío al que se enfrenta el país es la subida del nivel del mar en la costa Este: la previsión es que ascienda más de 10 centímetros antes del fin de siglo. Los expertos destacan el esfuerzo que deberá hacer la ciudad de Miami para protegerse, con un proyecto multimillonario para evitar los efectos de las inundaciones. En el suroeste, las largas sequías dificultarán la lucha contra los incendios.

La Casa Blanca alerta también de los efectos del cambio climático en la economía. Según sus estimaciones, la reconstrucción y los destrozos causados por el huracán Sandy tienen un coste de 65.000 millones de dólares (47.000 millones de euros). Los efectos de la sequía y las olas de calor costaron otros 21.500 millones de euros y las consecuencias por el empeoramiento del clima en todo el país, 7.900 millones de euros más. El informe destaca asimismo que el coste de no actuar es entre cuatro y diez veces superior al de invertir ahora en medidas de mitigación de los efectos del cambio climático.

Miami hundido

MAYE PRIMERA (MIAMI)

Se teme que la ciudad ya no será tal cuando el siglo XXI termine. Que Miami será una ruina hundida en el Atlántico como consecuencia del paulatino ascenso de las mareas y de una centuria que comienza con la proliferación de millonarias construcciones con una pobre planificación ambiental, a menos de un metro por encima del nivel del mar. Ante el presente de inundaciones que padecen actualmente la ciudad y media docena de condados del sur del Estado de Florida, esta imagen del futuro cobra cada vez más sentido.

Miami y otras ciudades cercanas ya suelen inundarse, no solo con el paso de las tormentas, sino en las noches de luna llena, cuando suben las mareas. En la costa este del sur del Estado, algunas playas e islas de barrera han comenzado a desparecer, y el agua salada ha comenzado a filtrar la red de canales del pantano de los Everglades, sobre el cual están asentados gran parte de los nuevos desarrollos inmobiliarios de la zona. Las autoridades locales temen que la subida del nivel del mar pueda generar, en un futuro no muy lejano, inundaciones en dos sentidos -desde la costa y desde el interior del pantano- y que el agua salada pueda llegar a saturar las tierras agrícolas y contaminar las reservas subterráneas de agua dulce.

Sin embargo, solo cuatro condados del sureste han comenzado a preparar un plan para reducir en 80% las emisiones contaminantes que aceleran el cambio climático y para proteger a sus comunidades de la eventual subida del nivel del mar. El condado de Broward, por ejemplo, ya está restringiendo las construcciones en zonas de riesgo que estén por debajo del medio metro de la elevación sobre el nivel del mar; y otros condados, como Sweetwater, planean invertir en la instalación de bombas para escurrir el agua y hacia el océano. En Miami Beach, una de las áreas de mayor riesgo que suele inundarse incluso durante los días soleados, la municipalidad planea invertir unos 400 millones de dólares en más de 40 estaciones de bombeos y otras mejores urbanísticas para mantener sus calles secas y a salvo.

Por: Alejandro Rebossio | 06 de mayo de 2014

Tomado de blog Economía de El País (6 de mayo de 2014):  La desigualdad latinoamericana ya no baja como en la década pasada

La historia de que los ricos son cada vez más ricos y los pobres cada vez más pobres dejó de repetirse en Latinoamérica en la primera década de este siglo. Fue algo inédito para la región y además ocurrió en dirección contraria a lo que estaba sucediendo en el resto del mundo. Tanto fue así que el Banco Asiático de Desarrollo alertó en un reciente informe sobre la desigualdad en su continente y puso como ejemplo a América Latina. Hasta ahora eran siempre los países latinoamericanos los que buscaban en Asia modelos de crecimiento. Y la caída de la aún alta inequidad latinoamericana, la región que sigue siendo la más injusta del planeta, fue posible por la expansión del empleo, en especial el formal, y las políticas sociales. Pero diversos organismos internacionales alertan ahora de que los progresos en la redistribución del ingreso se han acotado o directamente se han estancado en la década actual.

“Ante las limitaciones que la región enfrenta para poder sostener los avances en materia económica y social logrados en la última década (2000-2009), la CEPAL propone reorientar el desarrollo sobre la base de la igualdad y la sostenibilidad ambiental”, afirmó este lunes la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) al presentar un documento al iniciarse sus sesiones anuales en Lima. En un reciente artículo en un blog del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), su economista jefe para Latinoamérica, George Gray Molina, advirtió de que la disminución de la desigualdad está desacelerándose, y en algunos países se ha estancando. Se basa en los números publicados por la Base de Datos Socio-económicos para América Latina y el Caribe, un proyecto del Banco Mundial y la Universidad de La Plata (Argentina). La conclusión se asemeja a la que el año pasado en una entrevista en este blog hacía la decana del Instituto de Estudios Latinoamericanos de la Universidad Libre de Berlín, Barbara Fritz.

Entre 2000 y 2010, el índice Gini de desigualdad de ingresos había caído en Latinoamérica en un promedio de 0,94% por año, mientras que en 2011 se redujo en “solo” un 0,33% y en 2012, en un “insignificante” 0,02%, alertó Gray Molina. Este economista y su colega del PNUD Eduardo Ortiz se centraron en el estudio de seis países. “México y Panamá, y en menor medida, Brasil, vieron una desaceleración en la tendencia de la desigualdad al comparar 2002-2007 y 2007-2012. Sin embargo, si movemos el periodo de comparación a 2007-2011, podemos añadir a República Dominicana, Chile y Paraguay a la lista de países donde la desigualdad de ingresos está estabilizada”, señaló el economista jefe del PNUD para la región.

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La desigualdad podría dejar de bajar tanto por uno o más factores, según Gray Molina: unbajo crecimiento de los ingresos laborales entre los trabajadores de menos recursos, un menor efecto de las transferencias sociales, tanto por restricciones fiscales o cambios en la focalización, y/o un menor impacto de las pensiones, por las mismas razones. El economista considera que, dado que no ha habido demasiadas modificaciones en la extensión de pensiones y transferencias sociales ocurrida en la década pasada, la razón principal puede radicar en el empleo, “especialmente el segmento de baja calificación del sector de servicios, donde se creó la mayoría de los nuevos puestos de trabajo durante el periodo de prosperidad económica”. Gray Molina opinó que una manera de “enfrentar el estancamiento de la desigualdad es fortalecer las redes de protección social, centrándose específicamente en cómo reforzar los retornos a la educación para segmentos diferentes del mercado de trabajo”. “Esto se relaciona con la pregunta de por qué algunos países son capaces de mantener el crecimiento con incrementos en la productividad, más que a través de un boom (alza) de los precios externos”, añadió el analista de origen boliviano. Sociedades con ciudadanos más formados suelen producir bienes y servicios con mayor valor añadido.

La CEPAL, que dirige la mexicana Alicia Bárcena, propone como solución que los países de la región se comprometan en pactos que aseguren una política fiscal más redistributiva, un incremento de la productividad de las economías, una mejor provisión de bienes y servicios públicos, como salud, educación, transporte, seguridad y medio ambiente, una mayor gobernanza de los recursos naturales y un aumento y diversificación de la inversión. También aboga por la universalización de la protección social y una política industrial y a favor de la economía verde. La agencia de Naciones Unidas con sede en Santiago de Chile alerta de que Latinoamérica “enfrenta una encrucijada que combina restricciones externas, como el estancamiento de la demanda y la pérdida de dinamismo del comercio internacional, y problemas endógenos que limitan el desarrollo futuro”, como “las altas tasas de informalidad laboral, los bajos niveles de inversión con poca incorporación de progreso técnico, el déficit de servicios públicos y la presión sobre el medio ambiente” en economías muy dependientes de la explotación de recursos naturales, sobre todo en América del Sur.

En concreto, la CEPAL reclama reformas tributarias para aumentar los ingresos públicos. Además señala que el crecimiento latinoamericano de los 2000 ha sido liderado por el consumo y no por la inversión, pero no solo propone que esta última variable se incremente sino que también crezca el gasto público, que resulta menor que en los países desarrollados en relación al tamaño de sus economías. Dado el coste ambiental del uso de combustibles fósiles, que además son importados por diversos países de la región, el organismo sugiere gravar su consumo y subvencionar el acceso a ellos de la población de menores ingresos.

“Para maximizar su contribución al desarrollo, la Comisión plantea un pacto para la gobernanza de los recursos naturales que procure la participación progresiva del Estado en las rentas derivadas de su explotación y la existencia de mecanismos institucionales que permitan el ahorro de esas rentas para las generaciones futuras y su inversión pública eficiente”, propone el organismo que sesionará en Lima esta semana. Para no depender solo de las riquezas naturales, la CEPAL insiste en revitalizar los incentivos de la política industrial, de modo de diversificar la estructura productiva, con más progreso técnico y más productividad. Es así que podrán pagarse mejores salarios y además la región no será tan vulnerable a eventuales caídas de las cotizaciones de los productos básico. El discurso no es nuevo en Latinoamérica, pero cobra actualidad en tiempos en que algunos otros organismos internacionales y economistas llaman a que la región se conforme con su papel de proveedor de materias primas como supuesto medio suficiente para el desarrollo.

Reprocha al Gobierno que “la falta de acceso de los inmigrantes a la atención primaria no es sólo cuestionable desde una perspectiva de derechos humanos, sino también poco efectiva para reducir costes a largo plazo”

La relatora de la ONU sobre pobreza extrema, Magdalena Sepúlveda, pidió hoy al Gobierno español que “cambie de rumbo” en relación a ciertas medidas que afectan el acceso a la salud, particularmente de la población inmigrante. Recordó a las autoridades que España tiene obligaciones internacionales en cuanto al acceso a la atención sanitaria, lo que incluye a los inmigrantes independientes de su situación jurídica, es decir, si están en el país de manera legal o irregular.

“La falta de acceso de los inmigrantes a la atención primaria no es sólo cuestionable desde una perspectiva de derechos humanos, sino también poco efectiva para reducir costes a largo plazo”, opinó. Sostuvo que si ese colectivo no recibe atención primaria de salud, entonces los servicios de emergencia, que de manera general son más costosos, sufrirán una sobrecarga.

Sepúlveda formuló esta declaración escrita, desde Ginebra, como seguimiento a una carta que remitió, conjuntamente con otros expertos de derechos humanos de la ONU, al Gobierno de España el pasado noviembre, en la que se cuestionaban los cambios que reducían el acceso al sistema de salud pública.

La relatora valoró la respuesta que recibió, aunque se distanció de los argumentos y conclusiones de España. “El gobierno argumenta que el Real Decreto 16/2012 no es discriminatorio, porque trata la legalidad de residencia en el país y no el origen nacional.Este argumento refleja una percepción errónea del principio de no discriminación”, puntualizó.

“Los principios básicos de derechos humanos no pueden ser ignorados” por el control del déficit, censura la ONU

Agregó que “los principios básicos de derechos humanos no pueden ser ignorados a causa de las presiones fiscales”. Bajo esas consideraciones, la relatora señaló que no puede considerarse que la atención sanitaria sea universal, pública y gratuita, como sostiene España. “Los incidentes de los que me han informado, que resultan en la falta de tratamiento para inmigrantes pobres e indocumentados -u otras personas obligadas a pagar incluso si residen legalmente en el país- son inaceptables”, enfatizó.

Tomado de Público (29 de abril de 2014): La ONU pide a Mato un “cambio de rumbo” sobre la política sanitaria para inmigrantes