Anticooperación

  • Comunicado de la CONGDE sobre la reforma del FONPRODE (10 de febrero de 2014)

La Coordinadora de ONGD y la Plataforma 2015 y más dan la voz de alerta: de confirmarse la reforma del Fondo para la Promoción del Desarrollo (FONPRODE), se asestará el enésimo golpe a la política de cooperación. Esta reforma dejará el FONPRODE en manos del Ministerio de Economía y primará los intereses de la internacionalización de las empresas sobre los objetivos de desarrollo y lucha contra la pobreza y la desigualdad - (Informe completo, aquí)

  • La reforma propuesta por el gobierno facilita que este instrumento, inicialmente concebido para promover el desarrollo  y la lucha contra la pobreza, gestionado por el Ministerio de Asuntos Exteriores y Cooperación, se convierta en un fondo de inversión al servicio de los intereses financieros y de internacionalización de las empresas españolas, gestionado ahora por el Ministerio de Economía y Competitividad.
  • Falta de participación y opacidad en la reforma. La reforma del FONPRODE, ya en trámite legislativo, ha sido realizada deliberadamente por la puerta de atrás evitando su discusión en los espacios consultivos establecidos para tal fin.
  • El FONPRODE sufre una reforma tres años después de su creación y sin que haya sido capaz de ejecutar su presupuesto. Durante este tiempo no se han entregado los informes necesarios para determinar qué es lo que ha impedido el adecuado funcionamiento del instrumento y que justificarían una reforma legislativa.

Madrid, 10 de febrero de 2014. La reforma del FONPRODE otorga a la Compañía Española de Financiación para el Desarrollo (COFIDES) el protagonismo en la gestión de estos fondos por un período mínimo de 8 años. De esta manera, COFIDES -una sociedad adscrita al Ministerio de Economía y Competitividad, cuyo fin es la internalización de las empresas españolas y cuyo capital mixto está formado por accionistas como el ICEX, el ICO, el BBVA, el Banco Santander o el Banco Sabadell-, identificará las acciones con cargo al FONPRODE, lo gestionará e incluso, actuando como juez y parte, podrá asignarse el papel de experto independiente para los casos en los que la ley exige realizar un informe previo sobre la sostenibilidad de la deuda de los países que reciben los fondos.

En 2010, el FONPRODE sustituyó a los antiguos créditos FAD[1]. Entonces, la reforma se realizó de forma participada con los distintos actores implicados en la política pública. Tres años después, vuelve a reformarse y esta vez la participación brilla por su ausencia. Se ha evitado su discusión en la Comisión de

Cooperación del Congreso y en el Consejo de Cooperación que no han tenido noticia de esta reforma hasta que ha sido trasladado al Senado. Tampoco han sido informados el resto de agentes de la sociedad civil. Ni siquiera el equipo técnico de la Secretaría General de Cooperación Internacional al Desarrollo de la AECID conocía el proceso; de hecho, han tenido constancia de esta reforma cuando ya se encuentra en el Senado.

El recorrido del FONPRODE en estos tres años se caracteriza por una enorme opacidad que choca de frente con las obligaciones legales en materia de transparencia. Apenas hay información sistematizada y publicada sobre las operaciones que ha realizado. En los tres ejercicios presupuestarios el Fondo no ha conseguido ejecutar su presupuesto asignado y no se ha informado, por los cauces establecidos para tal fin, de cuáles han sido las razones que han impedido esta ejecución.

ALGUNAS DE LAS MODIFICACIONES PROPUESTAS EN LA REFORMA

La reforma presenta una serie de modificaciones analizadas por la Plataforma 2015 y más y la Coordinadora de ONGD que pueden ser consultadas en el informe en adjunto. Algunas de ellas son especialmente preocupantes:

  • Se suprime el porcentaje máximo de Ayuda Oficial al Desarrollo reembolsable –ayuda en forma de créditos en mejores condiciones que las del mercado. Anteriormente ese porcentaje se situaba en un máximo del 5%; una cifra que, como hemos denunciado de manera reiterada, se ha incumplido sistemáticamente. Esto es extremadamente preocupante puesto que la ayuda reembolsable incrementa la deuda de los países y no contribuye de manera eficaz a su desarrollo.
  • Se suprime la obligación de publicidad y accesibilidad de los resultados de las consultorías y asistencias técnicas de los programas. Esto permite que el Comité Ejecutivo del Fondo autorice la no publicidad de esos resultados. En este caso, la opacidad pone en grave peligro la transparencia exigible a la gestión de los fondos públicos.
  • El modelo de cooperación financiera que se concibe con esta reforma tiende a desvincularse de la política de cooperación al desarrollo. Una cuestión sobre la que ha llamado la atención el Comité de Ayuda al Desarrollo de la OCDE, al considerar que esa desvinculación resta eficacia agregada y funcionalidad a su política de desarrollo.

Las modificaciones propuestas en esta reforma ponen en gravísimo peligro a la política de Cooperación al Desarrollo y debilitan profundamente la coherencia de políticas con los principios y criterios de desarrollo, y además el gobierno vuelve a evitar que el proceso sea informado, transparente y participado.

Más información:

Yolanda Polo – Coordinadora ONGD – yolanda.polo@coordinadoraongd.org – 695 940 370

Silvia Pérez – Plataforma 2015 y más – comunicacion@2015ymas.org – 678 669 961


[1] En 2010, el Fondo para la Promoción del Desarrollo (FONPRODE) sustituyó, tras años de presiones a los sucesivos gobiernos, al controvertido Fondo de Ayuda al Desarrollo (FAD). Este fondo, del que se obtenían los conocidos como créditos FAD, tenía dos objetivos difícilmente reconciliables: el apoyo a la internacionalización de la empresa española y la contribución al desarrollo de los países receptores[1]. Con la reforma del FAD se trató de dar respuesta estas demandas que urgían separar los intereses exportadores y financieros de las políticas y recursos dedicados a la ayuda al desarrollo. La reforma dio lugar a dos fondos, separados, el Fondo para la Internacionalización de la Empresa (FIEM), controlado por el Ministerio de Economía, y el FONPRODE, dedicado a la promoción del desarrollo y controlado por el Ministerio de Asuntos Exteriores y Cooperación.

Por: Gonzalo Fanjul / 29 de enero de 2014 / Blog 3500 millones de El País

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Foto: FAO.

No es habitual que las intervenciones de los responsables financieros de la UE despierten algún entusiasmo entre las organizaciones que luchan contra el hambre en el mundo. Hace un par de semanas, sin embargo, muchos de sus representantes contuvieron el aliento mientras el Comisario del Mercado Interior y Servicios Michel Barnier anunciaba una medida largamente esperada: la reforma de las reglas financieras que han convertido los mercados agroalimentarios en un verdadero casino especulativo, contribuyendo a una escalada sin precedentes del precio mundial de los alimentos.

La Directiva sobre Mercados de Instrumentos financieros -que entrará en vigor en dos años- es el resultado de un acuerdo de los 28 Estados miembros y el Parlamento Europeo queintroducirá límites al número de operaciones que los especuladores financieros pueden realizar con productos como el trigo, el azúcar o el maíz. Asimismo, incrementará la transparencia de un mercado que muy a menudo se produce fuera del control de las bolsas reguladas. Fortalecer el escrutinio público ha resultado esencial para mejorar las prácticas de otros mercados sensibles para el desarrollo, como el de las inversiones en minería y otras industrias extractivas.

Aunque algunas organizaciones han lamentado los intentos británicos de abrir vías de agua en la nueva legislación (incrementando el margen de maniobra de los Gobiernos nacionales, por ejemplo), la noticia ha sido recibida con un entusiasmo mal disimulado por los activistas que llevan años denunciando el efecto de estos instrumentos financieros en la catástrofe económica y alimentaria de millones de familias. El encarecimiento histórico de productos como la leche, los cereales o los aceites vegetales actúo en 2007-08 como un cebo para especuladores a los que la crisis privó de inversiones más rentables. De acuerdo con un informe de la ONG World Development Movement, el número de operaciones con productos derivados creció durante esos años de manera exponencial: entre 2006 y 2008, los inversores especuladores se hicieron con la parte del león de algunos mercados altamente sensibles: el 65% de los contratos sobre maíz largo, el 68% de los de soja o el 80% de los de trigo.

Estas herramientas (como las denominadas “de alta frecuencia”, sujetas a modelos computerizados y capaces de hacer varias operaciones por segundo) han contribuido de forma determinante a la volatilidad extrema que caracteriza los mercados de alimentos desde entonces. Una volatilidad que deja ganadores y perdedores: mientras las variaciones a corto de los precios ofrecen provechosas oportunidades de negocio en Londres, Nueva York o Madrid, en regiones como el Sahel -donde los alimentos suponen hasta el 75% del gasto familiar- las variaciones son sinónimo de hambre, niños fuera de la escuela y tratamientos médicos eliminados.

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La reforma aprobada por las instituciones de la UE supone un espaldarazo para quienes han defendido durante años que la crisis alimentaria global responde en parte a factores inducidos que podrían ser corregidos con facilidad. Tal vez no podamos evitar en el corto plazo las alteraciones de la producción derivadas de fenómenos naturales extremos o el incremento de la demanda global por la presión de las economías emergentes, pero sípodemos actuar sobre otros determinantes de la subida de los precios: junto con la especulación financiera, la producción de biocombustibles o medidas comerciales unilaterales como la restricción de exportaciones. En cada uno de estos ámbitos, los intereses de un pequeño grupo de lobbies y operadores comerciales han sido puestos por delante del derecho a no acostarse pensando qué comerán tus hijos al día siguiente. Derrotar estos intereses debe ser una prioridad para cualquier Gobierno interesado en evitar la próxima crisis alimentaria global.

Tomado de blog 3500 millones de El País (29 enero 2014): Europa pone freno al casino financiero de los alimentos

  • El Ministerio de Exteriores está preparando el Plan de Derechos Humanos y Empresas que debería aumentar el control del Gobierno sobre las malas prácticas de las empresas españolas en el exterior
  • Se trata de una petición de la Comisión europea para incorporar los principios rectores establecidos por la ONU
  • Aunque el proceso es “abierto y transparente”, diversas organizaciones denuncian que las presiones de la patronal se reflejan en el último borrador del documento.

Tomado de eldiario.es (13 de enero de 2014), Gabriela Sánchez: El Gobierno diluye el Plan que podría controlar los abusos de empresas españolas en países pobres

(Amp) El consejo de administración de Pescanova renuncia a toda retribución en el ejercicio de sus funciones

Las vulneraciones de derechos humanos de la española Pescanova en sus filiales de Nicaragua y Chile

han sido probadas por diferentes ONG y observatorios./ Efe

El Ministerio de Exteriores está preparando el Plan de Derechos Humanos y Empresas, cuyo objetivo es incluir aspectos regulatorios para aumentar el control del Gobierno sobre las malas prácticas de las empresas españolas en el exterior y evitar sus vulneraciones de derechos humanos. A pesar de que el proceso de elaboración de los borradores ha sido “abierto y transparente” hacia la sociedad civil, las empresas y la administración, diversas organizaciones temen que determinadas presiones procedentes de la CEOE y de otros ministerios conviertan el plan en “otro documento más” de responsabilidad social corporativa.

Organizaciones como el Observatorio de Responsabilidad CorporativaOxfam Intermón o la Plataforma 2015 y más consideran que no se han tenido en cuenta sus valoraciones dentro del proceso de elaboración del Plan. Además, desconocen las reclamaciones del sector privado y las empresas que han participado en su creación.

La idea inicial era incluir los Principios Rectores sobre Empresas y Derechos Humanos establecidos por la ONU en 2011 en el denominado plan Ruggie basado en tres pilares: ‘proteger, respetar y remediar’, incluyendo en cada uno de ellos mecanismos para facilitar su cumplimiento. Estos tres ejes se desarrollan en la obligación del Estado a proteger de abusos a los derechos humanos por parte de terceros, incluidas las empresas; en la responsabilidad empresarial de respetar los derechos humanos; y en el mayor acceso a la reparación, judicial y extra-judicial por parte de las víctimas. No obstante, se tratan de medidas de no obligado cumplimiento.

Una vez aprobados estos principios, la Comisión europea solicitó a los estados miembros que, a lo largo de 2013, elaborasen un Plan Nacional de Empresas y Derechos Humanos, para “trasladar esos principios a marcos legales nacionales”. La Oficina de Derechos Humanos y Empresas del Ministerio de Exteriores es el organismo encargado de coordinar la elaboración de un plan que ya llega con retraso.

Atendiendo a los borradores del plan, se concibe bajo la intención de sensibilizar y promocionar los derechos humanos entre las empresas, tanto públicas como privadas. No obstante, sí incluye algunas novedades en los apartados referentes a la obligación estatal de proteger de los abusos que puedan generar las empresas españolas,  como la restricción de ayudas públicas a aquellas que vulneren los derechos humanos (aunque la eliminación se reduce a una serie de supuestos muy limitados).

También existe algún aspecto destacado sobre la reparación judicial y extra-judicial por parte de las víctimas que sufren las consecuencias de empresas transnacionales de origen español. En el primer caso se menciona la posibilidad de creación de un informe sobre mecanismos judiciales que permitan la “reparación de abusos cometidos tanto dentro como fuera del territorio español”. Esta medida abre ligeramente la puerta a que determinados abusos de empresas estatales puedan ser juzgados en España por actuaciones realizadas en otros países, un hecho que sería especialmente importante en los estados empobrecidos con legislaciones más flexibles. Algo imposible hasta ahora y del que, al menos por el momento, solo se está planteando el estudio de formas para poderse llevar a cabo.

La reparación extra-judicial se refiere a la apertura de vías de queja accesibles a las víctimas de la actividad de las transnacionales. Que puedan ser escuchadas de una forma sencilla. Sin embargo, según las valoraciones de las organizaciones consultadas, esta medida también se limita a la generalidad del “estudio de los mecanismos” para alcanzar este objetivo, sin detallar métodos concretos para lograrlo.

Segundo borrador, diluido

El último documento que ha salido a la luz es el segundo borrador, actualmente a la espera de ser revisado después de recibir los correspondientes comentarios de ONG, empresas y administracione públicas. En este punto es donde surge la polémica en cuanto a su proceso de elaboración. Las ONG consultadas denuncian que este último borrador, además de no reflejar las recomendaciones efectuadas sobre el primero, “empeora y diluye” el contenido de este. Estos son algunos de los ejemplos resaltados:

- Escasos requisitos a subvenciones públicas: La medida 20 del primer borrador suponía la negación del acceso a subvenciones o a contratos públicos a las empresas en el caso de que se cumpliesen una serie de condiciones: “cuando existan indicios suficientes y probados de que se hayan cometido graves violaciones de derechos humanos -directamente o a través de sus filiales- y se nieguen a cooperar con la Administración española para mitigar y reparar los daños provocados”.

Tras el segundo borrador, quedarán descartadas las empresas que ataquen los derechos humanos en los terceros países donde operan en los casos “donde exista sentencia firme emitida por una autoridad competente que señale que estas empresas hayan cometido graves vulneraciones” y, además, “se nieguen a cooperar con la Administración española”.

Desde la Plataforma 2015 sostienen que, aunque ya habían comentado los “excesivos” criterios incluidos en el primer borrador para denegar dinero público a una empresa que vulnera los derechos humanos, ahora “se sustituyen los indicios por una sentencia firme”.

Oxfam Intermón comparte esta valoración. “No solo se tienen que dar las circunstancias sino que, si se cumplen , la empresa puede seguir recibiendo apoyo con esa mera intencionalidad. Esto es inadmisible. Esto no penaliza a empresas que dañan los derechos humanos”, sentencia María Dolores López Gómez, responsable del Sector Privado de la ONG.

- Control estatal: Según detalla en su análisis Oxfam, el primer borrador establece una comparecencia anual de la comisión de Exteriores sobre el seguimiento del plan. Dicha comisión dependería de Vicepresidencia del Gobierno y estaría financiada por ella. “Esto era positivo para que hubiese un impulso desde arriba para la aplicación del Plan”, detalla López Gómez. “Esto ha desaparecido, ya no hay ninguna comparecencia en el Congreso. Ni tampoco se detalla de quién depende la comisión de seguimiento”, añade.

- Claúsulas medioambientales y sociales: La primera versión del Plan de Empresas y DDHH dejaba caer la posibilidad de que todo tipo de tratados comerciales firmados por España debía añadir claúsulas relativas al cumplimiento de los principios rectores y hacer mención a los derechos humanos para hacer constar que los objetivos de estas no “supongan una relajación de las medidas que afectan a los derechos laborales y el medio ambiente”. Para ello establecía que se exigiese a la parte contratante “altos niveles de protección medioambiental y laboral”. Estas medidas que ya de por sí eran una mera declaración de intenciones y que “únicamente servían para poner sobre el papel el deber de respetarlos”, según analiza la Plataforma 2015, también han sido obviadas en la nueva versión del documento.

“Son solo unos ejemplos que reflejan que el segundo borrador desnaturaliza los contenidos incluidos en el primero. Si el primero era mejorable, este es manifiestamente mejorable. Nos parece una pérdida de oportunidades que el peso de otros interlocutores como la CEOE haya limitado tanto el alcance de este documento”, denuncia López Gómez de Oxfam.

Desde el Observatorio Español de Responsabilidad Social coinciden con esta crítica y, a pesar de defender el papel de la Oficina de Derechos Humanos, consideran que las presiones por parte de “otros ministerios” y patronal “han podido más”. Además, sus declaraciones reflejan cierta opacidad que choca con el proceso transparente defendido desde el Gobierno. “Conocemos las propuestas del colectivo de la sociedad civil, pero no las del resto. No sabemos ni qué empresas han participado en el proceso ni cuáles han sido sus reclamaciones”, comenta Orencio Vázquez, coordinador del Observatorio.

Eldiario.es se ha puesto en contacto con la Oficina de Derechos Humanos del Ministerio de Exteriores, encargada de impulsar el proyecto, pero han rechazado atender preguntas hasta la aprobación definitiva del Plan. También han declinado detallar las empresas o entidades que han participado en el proceso desde el sector privado.