Este artículo ha sido escrito por Mercedes Ruíz-Giménez, Presidenta de la Coordinadora de ONG para el Desarrollo.
La semana pasada, Bolivia anunciaba la nacionalización de Sabsa, filial de Abertis y Aena en Bolivia. Se trata de la tercera nacionalización de una empresa española por Bolivia en los últimos 10 meses (cuatro filiales de Iberdrola y una de Red Eléctrica Española lo habían sido anteriormente). Evo Morales justificó la decisión por incumplimiento de contrato al no reinvertir parte de sus beneficios en equipamiento, maquinaria y seguridad para los trabajadores. Esta denuncia ya se había producido en 2008 cuando el gobierno investigó a esta multinacional; y un año después, en 2009, los propios trabajadores denunciaron a Sabsa por incumplimiento de la ley laboral deBolivia y enriquecimiento ilícito.
La nacionalización de Sabsa, por tanto, viene de largo y se produce tras reiteradas denuncias tanto del gobierno como de los sindicatos. En 2010, Bolivia ya se planteó tomar esta decisión pero el entonces Gobierno de Zapatero mostró su voluntad para iniciar negociaciones con Sabsa y solucionar el problema. Tres años después, el giro de timón no se ha producido y Evo Morales ha declarado que “se sienten estafados”.
La decisión del gobierno boliviano coincide con la insistencia en la defensa de la llamada Marca España como bastión de la política exterior española. Una propuesta unida directamente a los intereses económicos de las empresas cuyos objetivos no necesariamente responden al interés general de las personas -ni españolas, ni de otros países- y que, como en el caso de Bolivia, no siempre respetan los derechos humanos ni las leyes locales. ¿Esta es la imagen que España quiere presentar al mundo?
Como ya comentamos en nuestro artículo “Una marca sin valores es una marca sin valor”,si España quiere convertirse en un actor global responsable debe realizar una inversión firme en los derechos de las personas y la protección del planeta. ComoONG de Desarrollo nos desmarcamos de una Marca España cuyo centro se sitúa en los intereses empresariales. Sus valores no nos representan.
Ante la presencia de empresas extranjeras en la región, Evo Morales recuerda de manera reiterada que “Los gobiernos latinoamericanos quieren socios, no dueños”. En otras palabras, quieren co-operar, actuar de igual a igual, de Estado soberano a Estado soberano. “No podemos permitir que se antepongan los intereses privados de una pequeña élite sobre los derechos fundamentales de la mayoría de la población”.
Tras la nacionalización de la empresa, el Ministro García-Margallo calificó la decisión como un acto inamistoso que obliga a “replantearse las relaciones bilaterales”. Morales, sin embargo, ha garantizado que mantendrán relaciones con todo el mundo porque “si no es con el gobierno español, será con los movimientos sociales españoles”. En este caso parece que la imagen de España está debilitada por la parte de las empresas y no tanto por la parte que le corresponde a la sociedad civil.
La mejor contribución que las empresas pueden hacer a la imagen exterior de España es respetar los derechos humanos, garantizar el trabajo decente, ser transparentes –como de hecho demanda la sociedad civil-, cumplir las leyes de los países en los que están presentes y pagar sus impuestos. La actuación de las empresas como protagonistas de la políticas exterior exige el establecimiento de una línea roja marcada por Principios Rectores de Naciones Unidas sobre Empresa y Derechos Humanos.
Si se trata de invertir, hagámoslo en otros modelos de sociedades y de relaciones internacionales y económicas que no estén determinados por la lógica de los mercados y del capital sino por los derechos humanos. En este sentido, las ONG tenemos una amplia y demostrada experiencia que debería ser capitalizada.
Tomado de blog de 3500 millones de El País (3 marzo 2013): América Latina busca socios, no dueños
Hay 10 grandes empresas de alimentación que ganan juntas 1100 millones de dólares al día. Pero, ¿a costa de qué?
Durante el último siglo, las poderosas empresas de alimentación y bebidas han disfrutado de un éxito comercial sin precedentes. Sin embargo, mientras estas empresas han ido prosperando, los millones de personas que les proveen de la tierra, el agua y el trabajo necesarios para elaborar sus productos se enfrentan a unas dificultades cada vez mayores. Ahora, factores como el clima, cada vez más cambiante, los impactos negativos en las comunidades y una base de consumidores cada vez más exigente están obligando a la industria a replantearse su forma de hacer negocios. En este informe, Oxfam evalúa las políticas sociales y medioambientales de las diez mayores empresas de alimentación y bebidas del mundo, y les insta a tomar las medidas necesarias para crear un sistema alimentario justo.
Puede consultarse en los links siguientes el resumen o el informe completo.
Tomado de la web de Intermon Oxfam.
Gonzalo Fanjul
La pasada semana participé en un seminario organizado por el Instituto de Salud Global de Barcelona (ISGlobal). Una rara oportunidad para escuchar –durante día y medio, y a puerta cerrada- a algunos de los expertos internacionales más relevantes en el ámbito de la salud global. Entre las muchas cosas que se trataron, me llamó particularmente la atención el debate acerca del futuro de la investigación y el desarrollo (I+D) en este campo central del bienestar humano. Dicho de forma simple, el sistema que existe en este momento (basado en las normas de propiedad intelectual de la Organización Mundial del Comercio y en los programas de investigación que decidan financiar los gobiernos) no responde casi nunca a las necesidades de las poblaciones pobres. Cuando lo hace, las compañías farmacéuticas utilizan el control férreo de las patentes para elevar los precios fuera de órbita.
El resultado es un planeta en el que las enfermedades infecciosas prevenibles o tratables matan cada año a 10 millones de personas, de los cuales nueve residen en países pobres. Un tercio de la población mundial carece de acceso a los medicamentos que necesita. Es la era del 90/5: las enfermedades que cuestan a los países en desarrollo un 90% de las muertes prevenibles merecen tan solo el 5% de los recursos globales destinados a la I+D de este sector. Resultado: malas noticias si padece usted chagas o malaria… pero espléndidas si padece alopecia o impotencia.
Incluso en el caso de que los países desarrollados pusiesen fin a su papel de ‘bullies’ de la propiedad intelectual, quedaría sin resolver el problema de las enfermedades para las que los tratamientos ni siquiera son investigados (recuerden: 90/5). Por eso ha prosperado entre muchos gobiernos y organizaciones la idea de promover un Tratado Internacional sobre Investigación y Desarrollo que cumpla tres propósitos principales: incentivar la investigación sobre enfermedades que afectan a las comunidades pobres (incluyendo las no transmisibles, porque de cáncer y diabetes también se muere en Centroamérica); estimular nuevos mecanismos de financiación de los programas públicos; y garantizar la coordinación internacional de los programas de I+D. Si además se fortalece la capacidad investigadora de los propios países afectados, miel sobre hojuelas (véase en el vídeo la maravillosa experiencia de ISGlobal en Mozambique, sin ir más lejos).
El Tratado fue propuesto en abril de este año por un panel de expertos a la Asamblea de la OMS, que se reunía un mes después. Las reacciones de los miembros de este organismo fueron de todos los colores: mientras Kenia o UNASUR (que agrupa a varios países latinoamericanos) apoyaban la idea con más o menos matices, Suiza empujaba la pelota hacia la banda y EEUU y la UE la desplazaban de un chut a la estratosfera. La progresista Administración Obama, en concreto, planteaba un paquete de alternativas basado en las mismas soluciones de mercado que se han quedado tan cortas hasta ahora. Es muy posible que haya sido suficiente para dejar la idea en una vía muerta.
Para ser justos, el tiro era demasiado largo. Algunos observadores han señalado que este camino era excesivamente ambicioso, y eso acabaría por matar la idea. Tal vez se podría haber optado por centrarse en un puñado de enfermedades que, siendo relevantes, no espantasen al personal de esta manera. Pero las consideraciones tácticas no invalidan el argumento principal: en materia de salud global, el sistema de I+D vigente es parte del problema y no de la solución. Cuanto antes nos enfrentemos a su reforma, antes garantizaremos el derecho de todos a una vida digna.
Tomado del blog 350 millones (19 septiembre de 2012): ¿Por qué la I+D es un problema para la Salud Global? - Gonzalo Fanjul
