Incidencia política

Representantes de partidos políticos defienden las propuestas en cooperación internacional al desarrollo contenidas en sus programas electorales.
Se someten durante un ‘debate a siete’ a las proposiciones planteadas por la coordinadora andaluza de ONGD
CAONGD

Representantes de siete partidos políticos participantes en las inminentes elecciones andaluzas se han comprometido a defender la cooperación al desarrollo. Cada cual a su manera, y con la referencia inequívoca de su programa electoral, mantienen como puntos en común que se trata de un objetivo fundamental pero que se debe potenciar la transparencia a la hora de concretar y justificar económicamente los proyectos a los que se dirigen las ayudas públicas, y evitar al tiempo una excesiva burocratización a la hora de acceder a las mismas.

Con el céntrico Teatro Duque La Imperdible de Sevilla como marco, el debate ha sido organizado por la coordinadora andaluza de ONGD, que ha presentado a los partidos un documento con propuestas para la defensa de la cooperación como política pública ante la celebración de los comicios autonómicos. El objetivo del encuentro ha sido dar a conocer de primera mano a partidos y ciudadanía en general el posicionamiento de la CAONGD respecto a la cooperación internacional, contraponiéndolo con el contenido de  sus respectivos programas electorales,sobre los que se les ha interpelado a sus representantes.

De acuerdo a su representación parlamentaria actual y a las previsiones del último barómetros del CIS, se les ha dado en el orden contrario un tiempo para cada uno de tres minutos para que planteen su posicionamiento genérico respecto a la cooperación internacional al desarrollo. También han tenido dos minutos para una pregunta de la CAONGD respecto a alguna propuesta concreta de su programa electoral, así como a cuestiones del público asistente.

Partido Andalucista (David Sánchez de Medina, nº2 por Cádiz al Parlamento y candidato al Ayuntamiento de Cádiz en las próximas elecciones municipales).Un objetivo “irrenunciable”, ha dicho el andalucista, que ha puesto como ejemplo la posición de su partido en los ayuntamientos en los que tiene representación, “donde hemos blindado” el apoyo a la cooperación, en concreto en San Fernando “con el 0,7% de los presupuestos”.

Ha apuntado que no quiere que las costas andaluzas sigan siendo “las costas de la muerte” para miles de inmigrantes y ha criticado los modelos de quienes han recortado “sin justificación” partidas de cooperación “y luego le dan el dinero a la banca”. Ha recordado que la cooperación “también es un nicho de empleo” y que el PA presentó en el Parlamento la Iniciativa Legislativa Municipal de Renta Social Básica (“por ahí empieza todo”) y una propuesta de mejora a una “insuficiente” Ley de Transparencia para “dar cuenta de cada céntimo de los andaluces” y ejecutar una “evaluación” continua de las ayudas.

UPyD (Carlos Márquez, cabeza de lista al Parlamento por Sevilla). Se ha mostrado a favor de una cooperación descentralizada para “retomar el camino del 0,7%” bajo una “mejor planificación” de las herramientas, lejos del “laberinto burocrático que no puede garantizar el destino correcto de las ayudas”.

No ha descartado que las competencias en cooperación pasen a la Consejería de Igualdad, una cuestión prevista en su programa de 2012 pero no especificada en el actual, apostando por “garantizar un volumen estable” en la materia “en coordinación con los presupuestos estatales” que proporcionen “un marco estable” a las ONGD, que deberán ser elegidas, a su juicio, bajo “baremos meritocráticos” para afrontar los diferentes proyectos.

Ciudadanos Sevilla (Javier Moyano). Ha insistido en potenciar “la eficacia del sistema” y las “sinergias entre administraciones”, defendiendo sobre todo “que las ayudas lleguen” y que, previamente, “los mecanismos de fiscalización se cumplan”. “Que la administración ayude y no sea el freno”, ha defendido.

Acerca de los ejes concretos del plan específico que propone su formación a partir del 22 de marzo, ha insistido en “auditar las administraciones” que lleven a cabo las ayudas y ha denunciado “que sea la Junta la que se evalúe a sí misma”. Ha apostado por “rebajar una burocratización que se retroalimenta” y ha defendido “la eficacia y la profesionalización” en la gestión y ejecución de proyectos de cooperación.

Podemos (Marta Domínguez, nº5 por Sevilla). Ha defendio un sistema público de cooperación descentralizada pero que tenga en cuenta el “arraigo” de la sociedad andaluza. En ese sentido revisaría la gestión de la Agencia Andaluza de Cooperación y daría continuidad a los procesos participativos del último plan andaluz de solidaridad, “incoporando el enfoque de coherencia política”.

Precisamente sobre ello le han preguntado los organizadores del debate, a lo que Domínguez ha respondido que se trata, en el marco de “un mundo interconectado”, de “la internacionalización del bienestar social empezando por nosotros”, con el objetivo de “evitar situaciones de inequidad” y ejemplificando con que las medidas transversales de igualdad de género ya están implementadas en las políticas que llevan a cabo los gobiernos. “Debemos empezar ya” en materia de cooperación en ese sentido, ha sentenciado, cifrando en que el objetivo del 0,7% debe ser alcanzado “progresivamente”, considerando en un primer momento el 0,21% para “amortiguar” la pérdida presupuestaria desde 2008.

Izquierda Unida (Rafael del Castillo, nº 2 por Córdoba). Ha defendio la “apuesta decidida” por una “cooperación descentralizada”, centrada en “las personas” y en “la justicia social” en “un mundo injusto y desigual” bajo la primacía de “los países explotadores del sur”. El representante de la federación de izquierdas se ha mostrado “contra la instrumentalidad interesada” y el discurso de la participación del Ejército como “cultura de la paz”, señalando al tiempo que la cooperación internacional “se complementa” con la cooperación en Andalucía.

Cuestionado acerca del 1% del presupuesto para la materia que se propone en su programa electoral, ha respondido que, gracias a la gestión de IU en el Gobierno andaluz, en 2013 se aumentó la partida y que esperan alcanzar el conocido 0,7% en 2020, criticando la posición socialista en este aspecto al elaborar “programas rojos” y después ejecutar “gobiernos azules”.

PSOE (Francisco Javier Fernández, nº 4 por Sevilla). He defendido la gestión de los últimos años en cooperación en Andalucía, incidiendo en la “consolidación de compromisos basados en hechos” y que “ojalá se dé la recuperación económica para que tenga reflejo” en estas políticas. También ha destacado que haya “máxima transparencia y gerantía de que los presupuestos públicos se gasten de forma correcta”, abogando por la participación y la viabilidad legislativa para renovar el pacto por la solidaridad de junio de 2013.

Preguntado por el hecho de que la cooperación internacional aparezca una vez en el programa socialista y doce veces la cooperación empresarial, Fernández ha señalado que ambas cooperaciones deben ir “unidas” y que el “enriquecimiento social” también suma en “la consolidación de los ejes democráticos”.

PP (Javier Portero, nº11 por Sevilla y presidente provincial de Nuevas Generaciones). Muy crítico con la gestión conjunta de PSOE-A e IULV-CA en la Junta, ha hecho referencia a “una deuda de 20 millones de la Administración con las ONGD”. Considera la cooperación “no como un eslogan” sino como “un compromiso serio”, ejemplificando con la reciente ley reguladora a nivel estatal con el Gobierno popular.

“Se ha despilfarrado”, ha asegurado, apostando por poner los presupuestos al servicio de la cooperación “para que los proyectos lleguen a buen puerto”, anunciando que, si el PP-A gobernara, se celebraría “una mesa semestral” para marcar las líneas de actuación de Andalucía en la materia. Ha insistido en que las políticas de inmigración y de cooperación deben ir “de la mano” y en “accionar la maquinaria” para “conseguir objetivos concretos” mediante su correspondiente “dotación presupuestaria”.

Tomado de eldiario.es (9 de marzo 2015): Cooperación internacional sí, pero más transparente y con menos burocracia

La pesadilla de las mujeres que siguen injustamente encarceladas por haber sufrido un aborto espontáneo, debe terminar ya

 4 MAR. Tomado de blog Planeta Futuro de El País: El Salvador y “Las 17”

Marlene fue condenada en El salvador después de haber sufrido un aborto involuntario cuando tenía 18 años. / AMNISTÍA INTERNACIONA

El mes pasado, en El Salvador, una joven quedaba en libertad tras pasar casi 10 años en prisión. Carmen Guadalupe Vásquez Aldana sólo tenía 18 años cuando fue condenada a cumplir 30 años de cárcel en 2008. ¿Su delito? Haber sufrido un aborto espontáneo.

La legislación sobre el aborto de El Salvador está entre las más draconianas del mundo. Penaliza el aborto en todos los supuestos, incluso cuando peligra la vida o la salud de la embarazada y en los casos de violación. Mujeres y niñas no pueden acceder al aborto ni siquiera cuando la continuación del embarazo comporta riesgo para su vida o cuando el feto no es viable.

Las consecuencias para las embarazadas que desafían la ley e intentan acceder a un aborto clandestino e inseguro pueden ser terribles: la Organización Mundial de la Salud informó en 2008 de que el 9% de las muertes maternas en Centroamérica se deben a estas prácticas.

En general, las salvadoreñas con mayor nivel adquisitivo pagan servicios privados o viajan al extranjero para recibir asistencia médica adecuada. Lo habitual es que las víctimas de la ley sean pacientes de los dispensarios públicos del país, cuyo personal médico, por temor a ser procesado, llama a la policía cuando una mujer llega con dolores.

Eso fue lo que le pasó a Vásquez, cuyo abogado, Dennis Muñoz, ha calificado la política sobre el aborto de “caza de brujas contra las mujeres pobres”.

El Salvador es un país sumamente conservador, donde la influencia de la iglesia católica se extiende a la toma de decisiones políticas. En la década de 1990, en los inestables años de reconstrucción del país tras un decenio de guerra civil, la iglesia dirigió una campaña que tuvo como consecuencia la prohibición absoluta en 1998.

Actualmente, el poder eclesiástico actúa junto a un grupo de presión bien financiado y relacionado que hace campaña contra el derecho al aborto y a una prensa a la que le falta tiempo para calificar de delincuentes a mujeres que han sufrido abortos espontáneos. Los escasos políticos que han criticado la prohibición han sufrido una reacción adversa de la opinión pública.

Vásquez se quedó embarazada debido a una violación. Al sufrir un aborto espontáneo y ser ingresada en un hospital de San Salvador, la capital, sus médicos la acusaron de haber puesto fin al embarazo intencionadamente. A pesar de las endebles pruebas en su contra, fue declarada culpable de homicidio agravado y condenada a prisión.

Su caso dista de ser aislado. Según la Agrupación Ciudadana por la Despenalización del Aborto, grupo de defensa radicado en El Salvador, 129 mujeres fueron procesadas en el país entre 2000 y 2011 por delitos relacionados con la interrupción del embarazo. De ellas, 23 fueron declaradas culpables de someterse a una intervención ilegal y 26 de homicidio.En los 90, la iglesia dirigió una campaña en El Salvador que tuvo como consecuencia la prohibición del aborto

Vásquez es una de las 17 mujeres —conocidas como Las 17— que fueron condenadas entre 1999 y 2011 a penas de hasta 40 años de prisión tras sufrir un aborto espontáneo, la mayoría por el cargo de homicidio agravado. Aunque no hay datos estadísticos oficiales disponibles, Amnistía Internacional calcula que al menos cinco mujeres más se encuentran actualmente en espera de sentencia por cargos parecidos relacionados con el embarazo.

En abril, Las 17 pasaron a ocupar el centro de una campaña global cuando, tras años de esfuerzo y una vez agotadas todas las demás vías legales, sus abogados solicitaron el indulto presidencial. El año pasado visité la cárcel de Ilopango, centro penitenciario para mujeres en el extrarradio de San Salvador donde están encarceladas la mayoría de ellas, incluida la Srta. Vásquez.

Como es característico de las cárceles del país, Ilopango es un lugar miserable y atestado: la superpoblación, según algunos cálculos, es de casi el 1.000 %. Alrededor de 40 mujeres duermen en una celda; un guardia de la prisión me contó que allí viven más de 100 niños de menos de cinco años con sus madres.

En enero, la Asamblea Legislativa de El Salvador concedió el indulto a Vásquez basándose en que se había vulnerado el debido proceso en su juicio original. En los próximos meses se presentarán otros casos. Aunque la victoria resulta alentadora, muchos prevén una reacción negativa de la Asamblea. Aunque El Salvador no ha hecho ninguna declaración oficial, se ha insinuado a Amnistía Internacional que no se concederán más indultos.

La Agrupación Ciudadana por la Despenalización del Aborto y activistas como Morena Herrera, quien, junto a Colectiva Feminista –organización con sede en El Salvador– lleva años luchando contra la prohibición del aborto, están estudiando posibles vías legales para que sean liberadas las demás mujeres del grupo de Las 17 si sus peticiones de indulto son rechazadas.

Una posibilidad sería elevar sus casos a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en Washington. Amnistía Internacional presentará en breve una petición con más de 200.000 firmas al presidente, Salvador Sánchez Cerén, para pedirle que revoque la legislación sobre el aborto. Otros cinco países de Latinoamérica establecen parecidas prohibiciones sobre la interrupción del embarazo: Chile, Haití, Honduras, Nicaragua y Surinam.

Chile está tomando medidas para reformar su legislación: en enero, la presidenta Michelle Bachelet presentó ante el Congreso un proyecto de ley que autorizaría el aborto si existe riesgo para la vida de la embarazada, cuando el feto no va a sobrevivir o en los casos de violación. Si se aprueba, se habrá revocado la prohibición total, en vigor desde 1989. Y, en diciembre, la República Dominicana despenalizó esta práctica en los supuestos de violación, incesto, anomalías del feto y peligro para la vida de la madre.

Es de esperar que estas medidas ejerzan presión sobre los legisladores salvadoreños para que reconsideren y rectifiquen la represiva prohibición en su país.

La exoneración de Vásquez es un triunfo en la prolongada lucha por los derechos de las mujeres en Latinoamérica, pero aún queda mucho por hacer. El Salvador debe poner fin a la abusiva práctica de penalizar las decisiones y la salud sexual y reproductiva de las mujeres, y poner en libertad a aquellas de Las 17 que permanecen injustamente encarceladas por haber sufrido un aborto espontáneo. Su pesadilla debe terminar cuanto antes.

Erika Guevara Rosas dirige el Programa de Amnistía Internacional para América.

Raúl Ciriza – ATTAC Navarra

Algunas personas que militamos en ATTAC llamamos a gráficas como esta: LA GRÁFICA. Así, con mayúsculas. Esta, por ejemplo, está extraída de un informe de la OCDE, organización nada sospechosa de mantener una ideología contraria a la dominante (en ciertos círculos es conocida como “el club de los países ricos”). Y si las llamamos LA GRÁFICA es porque, cada vez que las hacemos presentes, desnudamos gran parte de las mentiras neoliberales que constantemente oímos por ahí. Expliquemos la que hoy nos ocupa:

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Si miramos en donde pone Spain, veremos una barrita azul y, más arriba, un punto naranja. La barrita azul nos indica cuánto dinero -en cash, contante y sonante- del que procede de beneficios sociales del Estado es recogido por el 20% más pobre de la población. Proyectamos en el eje horizontal y vemos que ese gasto supone algo más de un 10% de los recursos. El punto naranja, en cambio, se refiere al 20% de población más rica, y si hacemos el mismo ejercicio observamos que consume más o menos el 25% de los beneficios sociales.

O sea, que LA GRÁFICA generada por la OCDE –organización sin sesgo contracultural- nos indica que, en España, el 20% de población más rica se pule un 25% del dinero destinado a beneficios sociales, mientras que el 20% de población más pobre solo consume la mitad.

Hasta aquí la explicación científica de LA GRÁFICA.

El riesgo, una vez expuesta esta realidad, es que ahora nos enredemos en enumerar todas las lecturas que se pueden extraer de este dato. La injusticia de que ese cash, obtenido de los impuestos que esforzadamente pagamos, no se destine a favorecer a quien más lo necesita sino que se escurra hacia la gente cuyas necesidades básicas están sobradamente colmadas. No voy a caer en esa tentación de hablar sobre lo obvio, lo que todo el mundo advierte.

Lo que toca, ahora, es encontrar usos que dar a LA GRÁFICA. Por ejemplo, podríamos imprimirla en un cartel enorme y colgarla en las paredes de todos esos bares donde se argumentan mentiras sobre el gasto social que produce la inmigración en España; o en todas las sucursales bancarias donde se quejan por el gasto a las arcas públicas que supone la exclusión social; o en todas las oficinas donde habita el convencimiento de que debería ser privado, por eficiente, el sistema de atención a la tercera edad.

O podría cobrar vida propia, LA GRÁFICA, y saltar automáticamente a tapar todas las pantallas cada vez que una televisión afirma que se acaba el dinero para las pensiones. Debería caer del cielo, como un aerolito, sobre la cabeza de ese tertuliano que asegura que es imposible pagar un subsidio a tanta gente parada. Imaginemos a LA GRÁFICA mutada en superheroína y abofeteando con rabia a quienes recortan las ayudas a comedores escolares; golpeando con sus puños a quienes cierran, para ahorrar, baños públicos en los parques; degollando a quienes hacen políticas que dificultan el acceso a rentas básicas de inclusión.

O imaginemos qué haría LA GRÁFICA en la puerta de El Corte Inglés, en ese momento en que una persona de bien se agarra la cartera porque el mendigo que pide en la puerta tiene mala pinta. Y mientras, inocentemente, deja paso a ese matrimonio adinerado que denosta lo público y que, cargado de bolsas, mira al mundo por encima del hombro.

Una de las misiones de ATTAC es desenmascarar esas ruedas de molino que los grandes medios nos obligan a tragar. Con datos, con rigurosidad y con certezas. Para ser más libres y para armarnos frente a este sistema que solo produce soledad e indefensión.

ATTAC, asociación sin ánimo de lucro, denuncia que el pasado 5 de noviembre fue publicada en el BOE la Ley 21/2014, de 4 de noviembre, por la que se modifica el texto refundido de la Ley de Propiedad Intelectual, aprobado por Real Decreto Legislativo 1/1996, de 12 de abril, y la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil, en virtud de la cual la reproducción total o parcial, así como la descarga del material de esta página es susceptible de ser gravado por un canon a cobrar por CEDRO, en contra de nuestra voluntad, y por tanto solicitamos su inmediata derogación.

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Tomado de attac.es: LA GRÁFICA (8 de febrero de 2015)