Cooperación

Carta de reclamos de los responsables de programas de la AECID
Los reclamos se centran en aspectos de su situación laboral que deben ser revisados.
Una carta de los trabajadores de la AECID pone en el punto de mira a los más privilegiados en una institución que, aseguran, se está deteriorando

“Cada vez más compañeros tienen que renunciar a trabajar en la AECID”. Quedan resumidos en esta frase el hartazgo y la frustración de los Responsables de Programa y de Proyecto de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID). Así lo han hecho constar en una carta enviada al máximo responsable del organismo, Gonzalo Robles, firmada por 70 profesionales. Es su forma de denunciar la inadecuación de sus retribuciones y la falta de regulación en los procesos de selección. Una situación que, según aseguran sus trabajadores, está llevando al “deterioro” de la Agencia.

La carta, a la que ha tenido acceso este periódico, ha servido de trasfondo a la reunión de coordinadores territoriales de la Agencia que ha teniendo lugar en Madrid la pasada semana. Es allí donde se está abarcando el “balance” de los últimos años de cooperación española, que ha tenido que seguir adelante a pesar de los recortes de más del 60% sufridos desde el comienzo de la crisis.

Los Responsables de Programa y los Responsables de Proyecto son quienes llevan el peso de los Programas de Cooperación sobre el terreno. Los primeros han sido escogidos hace siete años tras una oposición; los segundos, con currículum y entrevista. Son personal laboral desde que el último gobierno socialista los “regularizó”, ya que antes era contratados por obra y servicio, con la desprotección laboral que ello conllevaba.

Sus ‘jefes’ directos son los Directores de las Oficinas Técnicas de Cooperación, altos cargos que responden directamente a Madrid. Tienen contratos de alta dirección, vivienda pagada y pasaporte diplomático, un estatus al que acceden tras un proceso de selección que brilla por su opacidad y que facilita, según denuncian varias fuentes consultadas en la AECID, nombramientos que responden a criterios políticos.

Sin reglas

La falta de regulación es una de las mayores quejas de los Responsables de Programa. De hecho, su situación varía entre los distintos países, independientemente de su estado: “en plazas como Haití o algunos países africanos, muchos que tienen familias a cargo no pueden asumir los costes de viviendas o colegios”. Mientras los altos directivos como los Directores de las OTC, según confirma la misma AECID a este periódico, tienen derecho al pago del arrendamiento de su vivienda en el exterior, el resto de personal percibe una “ayuda por vivienda”: “En muchos casos, no alcanza el 50% del coste”, aseguran los responsables en su carta.

La vivienda que han dejado atrás, en España, queda lejos. Y no sólo por la distancia. Tras la crisis, la Agencia ha anulado el viaje anual a casa, que se costean los trabajadores.

Estos trabajadores en el Exterior -que, trabajando para un Ministerio, pagan IRPF español- tienen subvenciones para los gastos de de escolaridad de sus hijos. Un máximo de 3.906 euros anuales establecidos en un Real Decreto de hace catorce años. De sólo un año más tarde es el Real Decreto que establece actualizar las dietas en el extranjero: “no se ha realizado ninguna actualización desde su publicación”, aseguran en la carta enviada a Robles. A lo que definen un “deterioro” de sus condiciones laborales se añade la falta de aplicación del llamado “módulo de calidad de vida” con el que se regulan las retribuciones del personal funcionario. En teoría, la ley lo reparte “en función de factores como la lejanía, clima, insalubridad, incomunicación, situación de violencia o guerra, inseguridad ciudadana y otros similares que puedan disminuir la calidad de vida del funcionario con relación a España”.

Los Responsables de Programa y de Proyecto llevan el peso de los Programas de Cooperación sobre el terreno. Se les trata como personal local no español

En la práctica, la AECID  trata  a los Resposables de Programas y de Proyectos en en exterior casi como si fuese personal local no español en el exterior, dejándolo fuera del Convenio Unico de la Administración. Junto a la coyuntura económica global y a la caída de valor del euro, lamentan los Responsables de Programa, “hemos llegado a perder hasta un 40% de pode adquisitivo”.

“En muchos países donde trabaja la Cooperación la inflación ha ido subiendo a ritmos desproporcionados”, subraya un trabajador de la Agencia contactado por este diario. “Las dietas para ir a otro país en una comisión servicio, sin embargo, son las mismas que en 2002 y no han sido actualizadas, por lo que las capitales de estos países resultan más caras que Madrid”.

La falta de actualización en la reglamentación de la AECID va más allá. Es desde hace 27 años que no se regulan “los requisitos y méritos necesarios para acceder de forma predecible, estable y objetiva a la Dirección de las 46 Oficinas que la Agencia tiene en el Exterior”. En 2014 se preparó una hoja de ruta al respecto que, destaca este colectivo, no ha producido ningún avance en este sentido.

Ante la “intervención urgente” que solicitan los responsables, la respuesta oficial –enviada, también, por carta– es clara: hablen con Hacienda. Es al departamento de Montoro que corresponde la regulación de las condiciones económicas y las prestaciones sociales, la Agencia no tiene competencias para ello. ¿La carrera profesional? La regula el Derecho Laboral, aseguran desde la AECID. Pero las reuniones con los sindicatos -y ya van cinco- todavía no han producido ningún avance.

“Cada vez más compañeros tienen que renunciar a trabajar en la AECID”. Quedan resumidos en esta frase el hartazgo y la frustración de los Responsables de Programa y de Proyecto de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID). Así lo han hecho constar en una carta enviada al máximo responsable del organismo, Gonzalo Robles, firmada por 70 profesionales. Es su forma de denunciar la inadecuación de sus retribuciones y la falta de regulación en los procesos de selección. Una situación que, según aseguran sus trabajadores, está llevando al “deterioro” de la Agencia.

La carta, a la que ha tenido acceso este periódico, ha servido de trasfondo a la reunión de coordinadores territoriales de la Agencia que ha teniendo lugar en Madrid la pasada semana. Es allí donde se está abarcando el “balance” de los últimos años de cooperación española, que ha tenido que seguir adelante a pesar de los recortes de más del 60% sufridos desde el comienzo de la crisis.

Los Responsables de Programa y los Responsables de Proyecto son quienes llevan el peso de los Programas de Cooperación sobre el terreno. Los primeros han sido escogidos hace siete años tras una oposición; los segundos, con currículum y entrevista. Son personal laboral desde que el último gobierno socialista los “regularizó”, ya que antes era contratados por obra y servicio, con la desprotección laboral que ello conllevaba.

Sus ‘jefes’ directos son los Directores de las Oficinas Técnicas de Cooperación, altos cargos que responden directamente a Madrid. Tienen contratos de alta dirección, vivienda pagada y pasaporte diplomático, un estatus al que acceden tras un proceso de selección que brilla por su opacidad y que facilita, según denuncian varias fuentes consultadas en la AECID, nombramientos que responden a criterios políticos.

Sin reglas

La falta de regulación es una de las mayores quejas de los Responsables de Programa. De hecho, su situación varía entre los distintos países, independientemente de su estado: “en plazas como Haití o algunos países africanos, muchos que tienen familias a cargo no pueden asumir los costes de viviendas o colegios”. Mientras los altos directivos como los Directores de las OTC, según confirma la misma AECID a este periódico, tienen derecho al pago del arrendamiento de su vivienda en el exterior, el resto de personal percibe una “ayuda por vivienda”: “En muchos casos, no alcanza el 50% del coste”, aseguran los responsables en su carta.

La vivienda que han dejado atrás, en España, queda lejos. Y no sólo por la distancia. Tras la crisis, la Agencia ha anulado el viaje anual a casa, que se costean los trabajadores.

Estos trabajadores en el Exterior -que, trabajando para un Ministerio, pagan IRPF español- tienen subvenciones para los gastos de de escolaridad de sus hijos. Un máximo de 3.906 euros anuales establecidos en un Real Decreto de hace catorce años. De sólo un año más tarde es el Real Decreto que establece actualizar las dietas en el extranjero: “no se ha realizado ninguna actualización desde su publicación”, aseguran en la carta enviada a Robles. A lo que definen un “deterioro” de sus condiciones laborales se añade la falta de aplicación del llamado “módulo de calidad de vida” con el que se regulan las retribuciones del personal funcionario. En teoría, la ley lo reparte “en función de factores como la lejanía, clima, insalubridad, incomunicación, situación de violencia o guerra, inseguridad ciudadana y otros similares que puedan disminuir la calidad de vida del funcionario con relación a España”.

En la práctica, la AECID  trata  a los Resposables de Programas y de Proyectos en en exterior casi como si fuese personal local no español en el exterior, dejándolo fuera del Convenio Unico de la Administración. Junto a la coyuntura económica global y a la caída de valor del euro, lamentan los Responsables de Programa, “hemos llegado a perder hasta un 40% de pode adquisitivo”.

“En muchos países donde trabaja la Cooperación la inflación ha ido subiendo a ritmos desproporcionados”, subraya un trabajador de la Agencia contactado por este diario. “Las dietas para ir a otro país en una comisión servicio, sin embargo, son las mismas que en 2002 y no han sido actualizadas, por lo que las capitales de estos países resultan más caras que Madrid”.

La falta de actualización en la reglamentación de la AECID va más allá. Es desde hace 27 años que no se regulan “los requisitos y méritos necesarios para acceder de forma predecible, estable y objetiva a la Dirección de las 46 Oficinas que la Agencia tiene en el Exterior”. En 2014 se preparó una hoja de ruta al respecto que, destaca este colectivo, no ha producido ningún avance en este sentido.

Ante la “intervención urgente” que solicitan los responsables, la respuesta oficial –enviada, también, por carta– es clara: hablen con Hacienda. Es al departamento de Montoro que corresponde la regulación de las condiciones económicas y las prestaciones sociales, la Agencia no tiene competencias para ello. ¿La carrera profesional? La regula el Derecho Laboral, aseguran desde la AECID. Pero las reuniones con los sindicatos -y ya van cinco- todavía no han producido ningún avance.
Tomado de El Confidencial (28 de julio de 2015):  Bronca en la AECID: los responsables de programa se rebelan contra los altos cargos

Foto;  tomada de El Confidencial (Salida de avión de la AECID hacia Filipinas, en noviembre de 2013).

Representantes de partidos políticos defienden las propuestas en cooperación internacional al desarrollo contenidas en sus programas electorales.
Se someten durante un ‘debate a siete’ a las proposiciones planteadas por la coordinadora andaluza de ONGD
CAONGD

Representantes de siete partidos políticos participantes en las inminentes elecciones andaluzas se han comprometido a defender la cooperación al desarrollo. Cada cual a su manera, y con la referencia inequívoca de su programa electoral, mantienen como puntos en común que se trata de un objetivo fundamental pero que se debe potenciar la transparencia a la hora de concretar y justificar económicamente los proyectos a los que se dirigen las ayudas públicas, y evitar al tiempo una excesiva burocratización a la hora de acceder a las mismas.

Con el céntrico Teatro Duque La Imperdible de Sevilla como marco, el debate ha sido organizado por la coordinadora andaluza de ONGD, que ha presentado a los partidos un documento con propuestas para la defensa de la cooperación como política pública ante la celebración de los comicios autonómicos. El objetivo del encuentro ha sido dar a conocer de primera mano a partidos y ciudadanía en general el posicionamiento de la CAONGD respecto a la cooperación internacional, contraponiéndolo con el contenido de  sus respectivos programas electorales,sobre los que se les ha interpelado a sus representantes.

De acuerdo a su representación parlamentaria actual y a las previsiones del último barómetros del CIS, se les ha dado en el orden contrario un tiempo para cada uno de tres minutos para que planteen su posicionamiento genérico respecto a la cooperación internacional al desarrollo. También han tenido dos minutos para una pregunta de la CAONGD respecto a alguna propuesta concreta de su programa electoral, así como a cuestiones del público asistente.

Partido Andalucista (David Sánchez de Medina, nº2 por Cádiz al Parlamento y candidato al Ayuntamiento de Cádiz en las próximas elecciones municipales).Un objetivo “irrenunciable”, ha dicho el andalucista, que ha puesto como ejemplo la posición de su partido en los ayuntamientos en los que tiene representación, “donde hemos blindado” el apoyo a la cooperación, en concreto en San Fernando “con el 0,7% de los presupuestos”.

Ha apuntado que no quiere que las costas andaluzas sigan siendo “las costas de la muerte” para miles de inmigrantes y ha criticado los modelos de quienes han recortado “sin justificación” partidas de cooperación “y luego le dan el dinero a la banca”. Ha recordado que la cooperación “también es un nicho de empleo” y que el PA presentó en el Parlamento la Iniciativa Legislativa Municipal de Renta Social Básica (“por ahí empieza todo”) y una propuesta de mejora a una “insuficiente” Ley de Transparencia para “dar cuenta de cada céntimo de los andaluces” y ejecutar una “evaluación” continua de las ayudas.

UPyD (Carlos Márquez, cabeza de lista al Parlamento por Sevilla). Se ha mostrado a favor de una cooperación descentralizada para “retomar el camino del 0,7%” bajo una “mejor planificación” de las herramientas, lejos del “laberinto burocrático que no puede garantizar el destino correcto de las ayudas”.

No ha descartado que las competencias en cooperación pasen a la Consejería de Igualdad, una cuestión prevista en su programa de 2012 pero no especificada en el actual, apostando por “garantizar un volumen estable” en la materia “en coordinación con los presupuestos estatales” que proporcionen “un marco estable” a las ONGD, que deberán ser elegidas, a su juicio, bajo “baremos meritocráticos” para afrontar los diferentes proyectos.

Ciudadanos Sevilla (Javier Moyano). Ha insistido en potenciar “la eficacia del sistema” y las “sinergias entre administraciones”, defendiendo sobre todo “que las ayudas lleguen” y que, previamente, “los mecanismos de fiscalización se cumplan”. “Que la administración ayude y no sea el freno”, ha defendido.

Acerca de los ejes concretos del plan específico que propone su formación a partir del 22 de marzo, ha insistido en “auditar las administraciones” que lleven a cabo las ayudas y ha denunciado “que sea la Junta la que se evalúe a sí misma”. Ha apostado por “rebajar una burocratización que se retroalimenta” y ha defendido “la eficacia y la profesionalización” en la gestión y ejecución de proyectos de cooperación.

Podemos (Marta Domínguez, nº5 por Sevilla). Ha defendio un sistema público de cooperación descentralizada pero que tenga en cuenta el “arraigo” de la sociedad andaluza. En ese sentido revisaría la gestión de la Agencia Andaluza de Cooperación y daría continuidad a los procesos participativos del último plan andaluz de solidaridad, “incoporando el enfoque de coherencia política”.

Precisamente sobre ello le han preguntado los organizadores del debate, a lo que Domínguez ha respondido que se trata, en el marco de “un mundo interconectado”, de “la internacionalización del bienestar social empezando por nosotros”, con el objetivo de “evitar situaciones de inequidad” y ejemplificando con que las medidas transversales de igualdad de género ya están implementadas en las políticas que llevan a cabo los gobiernos. “Debemos empezar ya” en materia de cooperación en ese sentido, ha sentenciado, cifrando en que el objetivo del 0,7% debe ser alcanzado “progresivamente”, considerando en un primer momento el 0,21% para “amortiguar” la pérdida presupuestaria desde 2008.

Izquierda Unida (Rafael del Castillo, nº 2 por Córdoba). Ha defendio la “apuesta decidida” por una “cooperación descentralizada”, centrada en “las personas” y en “la justicia social” en “un mundo injusto y desigual” bajo la primacía de “los países explotadores del sur”. El representante de la federación de izquierdas se ha mostrado “contra la instrumentalidad interesada” y el discurso de la participación del Ejército como “cultura de la paz”, señalando al tiempo que la cooperación internacional “se complementa” con la cooperación en Andalucía.

Cuestionado acerca del 1% del presupuesto para la materia que se propone en su programa electoral, ha respondido que, gracias a la gestión de IU en el Gobierno andaluz, en 2013 se aumentó la partida y que esperan alcanzar el conocido 0,7% en 2020, criticando la posición socialista en este aspecto al elaborar “programas rojos” y después ejecutar “gobiernos azules”.

PSOE (Francisco Javier Fernández, nº 4 por Sevilla). He defendido la gestión de los últimos años en cooperación en Andalucía, incidiendo en la “consolidación de compromisos basados en hechos” y que “ojalá se dé la recuperación económica para que tenga reflejo” en estas políticas. También ha destacado que haya “máxima transparencia y gerantía de que los presupuestos públicos se gasten de forma correcta”, abogando por la participación y la viabilidad legislativa para renovar el pacto por la solidaridad de junio de 2013.

Preguntado por el hecho de que la cooperación internacional aparezca una vez en el programa socialista y doce veces la cooperación empresarial, Fernández ha señalado que ambas cooperaciones deben ir “unidas” y que el “enriquecimiento social” también suma en “la consolidación de los ejes democráticos”.

PP (Javier Portero, nº11 por Sevilla y presidente provincial de Nuevas Generaciones). Muy crítico con la gestión conjunta de PSOE-A e IULV-CA en la Junta, ha hecho referencia a “una deuda de 20 millones de la Administración con las ONGD”. Considera la cooperación “no como un eslogan” sino como “un compromiso serio”, ejemplificando con la reciente ley reguladora a nivel estatal con el Gobierno popular.

“Se ha despilfarrado”, ha asegurado, apostando por poner los presupuestos al servicio de la cooperación “para que los proyectos lleguen a buen puerto”, anunciando que, si el PP-A gobernara, se celebraría “una mesa semestral” para marcar las líneas de actuación de Andalucía en la materia. Ha insistido en que las políticas de inmigración y de cooperación deben ir “de la mano” y en “accionar la maquinaria” para “conseguir objetivos concretos” mediante su correspondiente “dotación presupuestaria”.

Tomado de eldiario.es (9 de marzo 2015): Cooperación internacional sí, pero más transparente y con menos burocracia

El Año Europeo para el Desarrollo ya ha comenzado y, con ello, el cambio para mejorar la ayuda. Neven Mimica, el Comisario de la UE para la Cooperación Internacional y el Desarrollo, presentaron una encuesta del Eurobarómetro sobre la opinión de los ciudadanos en torno a la cooperacióin, donde se muestra que el número de personas que están a favor de aumentar la ayuda se ha incrementado significativamente. El 67% de los encuestados en Europa cree que la ayuda al desarrollo debe aumentar, opinando el 85% que es importante ayudar a las personas en los países en desarrollo.

Mimica expuso en la presentación de la encuesta: “El objetivo del Año Europeo para el Desarrollo es informar a los ciudadanos de la UE sobre la cooperación al desarrollo, poniendo de relieve los resultados que la UE, actuando junto con los Estados miembros, ha logrado como el mayor donante del mundo’.

Ver resultados del eurobarómetro: aquí.

De los encuestados, casi la mitad estaría personalmente dispuesto a pagar más por alimentos o productos de estos países (sería como realizar comercio justo, pagar realmente lo que se debe); casi dos tercios manifestaron que la lucha contra la pobreza en los países en desarrollo deber ser una prioridad principal para la Unión Europea.

En lo relativo a España, nueve de cada diez ciudadanos consideran que cooperar con las personas de los países en desarrollo es importante. En coherencia con esa opinión, la población exige al gobierno que contemple la política de cooperación como una de sus prioridades. En este sentido, la ciudadanía española es, junto con la sueca, la que más lo demanda en toda la Unión Europa. En el caso de España el porcentaje de personas que así lo exigen asciende al 57%; y en Suecia, al 63%.

  • 69% de la población es partidaria de mantener o incluso aumentar los fondos destinados a cooperación para el desarrollo
  • 85% considera que la ayuda a los países en empobrecidos contribuye a un mundo más pacífico y equitativo
  • 81% piensa que la lucha contra la pobreza mundial también influye de forma positiva en la ciudadanía europea.

 Por segundo año consecutivo, en España se ha incrementado la proporción de entrevistados que opinan que deberían aumentarse los niveles de ayuda prometidos o incluso más: entre 2012 y 2013 hubo un aumento de 14 puntos porcentuales , seguido de un aumento adicional de 6 en 2014. Algo más de una cuarta parte (26%) de los entrevistados en España opinan que se debería aumentar la ayuda más de lo que se había prometido con anterioridad.

Pese a estar a favor de la ayuda, la tendencia a involucrarse personalmente en el trabajo de la cooperación es baja (30%) y están menos dispuestos a pagar más por productos de comercio justo (48%) que la media europea (52%).

Tomadeo de: http://www.mainel.org/cooperacioneficaz/?p=709