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Comunicado APC sobre Resolución de Coordinador AECID México

Mediante Resolución de 9 de diciembre de 2016, el Director de la AECID, D. Luis Tejada, ha declarado desierta la plaza de Coordinador de la Oficina Técnica de Cooperación Española en México alegando falta de méritos en los candidatos concurrentes.

Desde la APC no podemos dejar de manifestar nuestro asombro y preocupación por esta decisión. Asombro porque entre los más de 100 candidatos presentados se encuentran personas con gran experiencia y capacidad. Muchos de ellos desempeñando funciones de Responsables de Programa y Proyectos en la AECID actualmente e incluso habiendo desempeñado puestos de coordinador similar a la plaza ofertada. Preocupación porque puedan volver a darse episodios como el nombramiento de los coordinadores de Marruecos o Colombia en base a sus afinidades políticas con nula experiencia en el área de Cooperación y con desastrosos resultados en la gestión de estas OTC especialmente sensibles, debiendo renunciar a su cargo antes de cumplir un año desde su nombramiento.

Por otro lado, la Hoja de ruta de la AECID, recogiendo las reiteradas recomendaciones de las Revisiones de Pares del CAD de la OCDE, señala la necesidad de establecer una carrera profesional dentro del Servicio Exterior de la AECID. Igualmente queremos expresar nuestra preocupación por la creciente degradación de las condiciones laborales de esta colectivo y el, cada vez mayor, agravio comparativo de las condiciones salariales respecto a otros cuerpos del Servicio Exterior de la AGE.

 

Asociación Profesional de Cooperantes, diciembre 2016

El comunicado también puede consultarse aquí: comunicado-apc-aecid-mexico-2016

Comunicado de la APC con motivo de la Semana de la Cooperación 2015

Con motivo de la Semana de la Cooperación de 2015, la APC vuelve a publicar un comunicado público sobre algunas  temáticas relacionadas con el momento actual de la cooperación española, que preocupan especialmente a la comunidad de cooperantes y a otras personas  interesadas en la calidad y eficacia de la cooperación española.

El comunicado también puede consultarse aquí: Comunicado APC Semana Cooperación 2015

COMUNICADO DE LA ASOCIACIÓN PROFESIONAL DE COOPERANTES (APC)

CON MOTIVO DE LA SEMANA DE LA COOPERACIÓN 2015
Con motivo de la Semana de la Cooperación queremos desde la APC hacer un llamamiento a la ciudadanía española en general y a los partidos políticos en especial. Hemos visto cómo, durante la presente legislatura, se ha reducido bruscamente nuestro sistema de Cooperación Internacional al Desarrollo. A pesar de que el compromiso de alcanzar el 0,7% del PIB sigue vigente a nivel internacional, hemos pasado del 0.46% del 2009 a un vergonzoso 0.14%, en 2014. La cooperación descentralizada, salvo honrosas excepciones, ha desaparecido o está en su mínima expresión. Sin embargo, nuestros representantes políticos, en la ONU y otros foros internacionales, utilizan orgullosamente la Ayuda al Desarrollo Española como argumento para posicionarse en el mundo, a fin de obtener un puesto en el Consejo de Seguridad, mientras cada año van recortando de forma más severa su presupuesto.

Sin embargo, las evidencias son cada vez más aplastantes de que los problemas de un mundo globalizado deben resolverse de forma igualmente globalizada. La Cooperación al Desarrollo ya no es una opción política sino una necesidad perentoria. Mirarnos al ombligo y pretender vivir en una burbuja de bienestar no es viable. Nuestro bienestar cada vez más depende del bienestar de la población mundial. Los problemas a enfrentar son graves y las respuestas no admiten dilación.

Hay múltiples ejemplos, cada vez más frecuentes, que avalan esta posición: La terrible crisis migratoria que estamos viviendo en Europa es fruto de que amplias zonas del mundo son devastadas por la guerra, la contaminación y la falta de recursos haciéndolas inviables para sus moradores. La inadecuada gestión de los residuos en Argelia o nuestras exportaciones ilegales de basura peligrosa a Costa de Marfil o Ghana inunda de contaminación nuestro planeta, sin que podamos escaparnos a sus efectos. El cambio climático pone en peligro el sistema agrario global y agudiza la tendencia a la desertificación, en la que nuestro país está en la primera línea.

El impacto medioambiental cada vez más va a condicionar nuestras posibilidades de desarrollo e, incluso, nuestras posibilidades de subsistencia como especie. El crecimiento ciego en un planeta de recursos limitados ya ha encontrado sus límites y algunos de ellos se han sobrepasado peligrosamente, como la emisión de gases de efecto invernadero, el uso de agroquímicos o el aumento de la temperatura global.

El sistema alimentario mundial actual es inviable por su intensivo uso de agroquímicos y de combustibles, tanto en la producción como en los procesos de transformación y comercialización, desde los centros de producción hasta los puntos finales de consumo. Las grandes corporaciones que dominan el sistema alimentario mundial, apoyándose en supuestas fundaciones altruistas, nos venden esta nueva revolución verde como la única forma de alimentar al planeta cuando, en realidad, es un camino seguro al abismo.

Los nuevos Objetivos de Desarrollo Sostenibles ODS son una excelente oportunidad de aunar esfuerzos en este sentido y el compromiso con los mismos debe surgir no sólo desde el ámbito de la cooperación al desarrollo sino desde todas las instancias públicas y privadas, nacionales o internacionales.

Todo ello obliga a la revisión urgente, profunda y comprometida con el bien común de la Política de Cooperación al Desarrollo de España. Esta Política de Cooperación al Desarrollo ya no puede desligarse del resto de políticas nacionales a las que está inextricablemente unida. Es por tanto necesario un cambio en el modelo de crecimiento no sólo en los países de desarrollo sino principalmente en los países desarrollados, que son los que mayor impacto tienen a nivel global.

Por ello, desde la APC, pedimos:

  1. La recuperación del compromiso del objetivo del 0,7 % del PIB como Política de Estado.
  2. Un modelo de desarrollo centrado en las personas. Por tanto, la prioridad debe ser crear las condiciones para que el 100% de la población mundial disfrute de sus derechos fundamentales, con el fin de reducir la enorme desigualdad que continúa creciendo acentuadamente (en nuestro país, también).
  3. La eliminación de los paraísos fiscales y el control internacional de los flujos financieros especulativos. La búsqueda de consensos en políticas fiscales internacionales, tal y como en su día se lograron en el ámbito comercial (OMC), para evitar la evasión y/o elusión de impuestos por las corporaciones internacionales en detrimento de los ciudadanos, que sí deben pagar esos impuestos, directos y, sobre todo, indirectos.
  4. El cambio del sistema alimentario mundial por un sistema más racional basado en la agricultura orgánica de pequeños productores, consumo local y técnicas de cultivo medioambientalmente respetuosas, usando o protegiendo especies y variedades de consumo alimentario tradicionales.
  5. Coherencia de políticas. Por ejemplo, en el área de resiliencia y desarrollo agrario es necesario revisar la financiación del FONPRODE a Fondos de Inversión en África. Muchos de estos fondos de inversión domiciliados en paraísos fiscales y con el objetivo muy claro de generar beneficios económicos a corto plazo para sus socios, producen un enorme impacto negativo sobre el desarrollo rural y la resiliencia, al promover monocultivos dirigidos a la exportación que se apropian de las mejores tierras, expulsan a los pequeños productores y ponen en peligro la seguridad alimentaria de la población utilizando técnicas agrícolas con fuertes impactos medioambientales, sociales y sobre la salud. Igualmente, este modelo pone en peligro la biodiversidad de los cultivos locales con la pérdida que esto supone de recursos para incrementar la resiliencia climática y la diversificación de la dieta. Deberíamos ser extremadamente cuidadosos en la asignación de estos fondos para que lo que con tanto esfuerzo se construye con una mano no sea destruido por la otra.
  6. También en el ámbito de la coherencia de políticas, es necesario el estricto control y prohibición de las exportaciones de armamento de las empresas españolas a zonas de conflicto y países que no respetan los Derechos Humanos.
  7. La reforma del Estatuto del Cooperante, que fue aprobado en 2006 sin consulta directa con los afectados (cooperantes). Muchos temas quedaron pendientes, como el seguro médico a los familiares, la cobertura de las embajadas españolas para obtener un visado especial que nos permita realizar nuestro trabajo con seguridad en países donde la debilidad institucional impide la obtención de permisos de trabajo, el desarrollo de nuevos protocolos de seguridad, el fomento de mecanismos que permitan y faciliten la participación de personas jubiladas o en situación de desempleo en proyectos de cooperación, la facilitación del acceso a la nacionalidad española para cónyuges de cooperantes, etc. Estas propuestas fueron presentadas por la APC a la Comisión de Cooperación Internacional para el Desarrollo del Senado, en el 2009 y en la Subcomisión para el Estudio de las perspectivas de la Cooperación Internacional para el Desarrollo del Congreso de Diputados, en el 2011, sin que los resultados de estas Ponencias se hayan traducido en acciones legislativas concretas.
  8. Los puestos directivos de la AECID deberían desligarse de la Carrera Diplomática. Resulta habitual ver cómo diplomáticos, salvo honradas excepciones, con muy escaso interés, sin experiencia y conocimiento de la Cooperación al Desarrollo, asumen puestos directivos en la AECID en una especie de travesía en el desierto hasta obtener una plaza en Embajadas y Consulados, que es donde desean desarrollar realmente su carrera. El gran crecimiento del funcionariado diplomático español y la falta de recursos para colocarlo en el exterior no puede ser excusa para comprometer la eficacia y la eficiencia de la Cooperación Oficial Española. En este sentido, consideramos que la eliminación del puesto de Director de la AECID, pasando a ser asumido por el Secretario de Estado de Cooperación Internacional y para Iberoamérica es un paso atrás en la independencia y agilidad que debe tener este organismo.                                                                                                             Igualmente, estos puestos deben despolitizarse y basar su asignación en los preceptos constitucionales de igualdad, mérito y capacidad para el cargo que deben regir la Función Pública. Lamentablemente, hemos podido ver cómo, sin embargo, el criterio de afinidad política ha prevalecido en la asignación de los puestos de Coordinación General en las últimas convocatorias de las Oficinas Técnicas de Cooperación.                       Respecto a los Recursos Humanos, el Examen Intermedio IV Plan Director de la Cooperación Española 2013-2016 nos recuerda: “Tanto el informe de pares del CAD 2011 como el Plan Director recomiendan definir una política de recursos humanos que ponga énfasis en la movilidad y el rendimiento del personal y promueva una carrera profesional, definir los perfiles y contenidos de los puestos en función de las competencias y tareas asignadas, vincular las actuaciones formativas y la mejora de capacidades con procesos operativos, establecer mecanismos de motivación que faciliten el desarrollo profesional y la adecuación del personal a los nuevos retos y potenciar el intercambio temporal de personal entre la sede y las unidades de cooperación en el exterior, así como entre la AECID y organismos internacionales u otros donantes”. A pesar de que la Ley de Cooperación de 1998 establece la necesidad de un desarrollo reglamentario de estas condiciones, esta perentoria necesidad todavía no ha sido tomada en cuenta.
  1. Propugnamos, igualmente, la introducción de la Educación para el Desarrollo dentro del currículo formativo español incluyendo cuestiones claves como la sostenibilidad medioambiental, los Derechos Humanos, la equidad de género, la reducción de la desigualdad, etc. Después de tantos años en los que nuestro país se ha comprometido en la Cooperación para el Desarrollo, es inquietante el gran desconocimiento que la población en general tiene sobre este tema y lo que realmente significa. Pedimos también la integración de los Estudios del Desarrollo en los Planes Nacionales de I+D+i.
  2. Queremos también poner de relieve la injusticia y discriminación que sufren los cooperantes en particular, y todos los españoles emigrantes y residentes en el extranjero en general, en relación con su legítimo derecho democrático a votar en cualquier proceso electoral que se desarrolle en nuestro país. Es obvio que con el voto rogado se nos ha hurtado la posibilidad real de poder votar en las importantes elecciones que se están produciendo en nuestro país. No hay legitimidad alguna para considerarnos españoles de segunda clase, máxime cuando más de 2,18 millones de españoles, según el INE, somos residentes en el extranjero, un 48,3% más que en 2009 y, muchos de ellos contra su voluntad. Para ver la gravedad del asunto, en un mundo globalizado y tecnológicamente avanzado, sólo basta con hacer ver que este número de españoles discriminados es superior a toda la población existente en comunidades autónomas como la de Asturias, Aragón, Cantabria, Castilla La Mancha, Canarias, Extremadura, Islas Baleares, Navarra o La Rioja cuyos ciudadanos pueden votar sin problema alguno.

Por último, no podemos dejar de reclamar la urgente creación de vías legales y seguras, así como la provisión de medios para la acogida para personas refugiadas que huyen de la guerra y sus consecuencias, garantizando su seguridad física, honrando de esta forma la legislación vigente y los compromisos internacionales suscritos por España, especialmente el Art. 14 de la Declaración de los Derechos Humanos. La negociación de cuotas de refugiados en el marco de los países de la UE como si se tratara de litros de leche o de vino, y no de personas, resulta bochornosa e inaceptable.

Asociación Profesional de Cooperantes, septiembre 2015
APC azul 980X330

 

Carta de reclamos de los responsables de programas de la AECID
Los reclamos se centran en aspectos de su situación laboral que deben ser revisados.
Una carta de los trabajadores de la AECID pone en el punto de mira a los más privilegiados en una institución que, aseguran, se está deteriorando

“Cada vez más compañeros tienen que renunciar a trabajar en la AECID”. Quedan resumidos en esta frase el hartazgo y la frustración de los Responsables de Programa y de Proyecto de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID). Así lo han hecho constar en una carta enviada al máximo responsable del organismo, Gonzalo Robles, firmada por 70 profesionales. Es su forma de denunciar la inadecuación de sus retribuciones y la falta de regulación en los procesos de selección. Una situación que, según aseguran sus trabajadores, está llevando al “deterioro” de la Agencia.

La carta, a la que ha tenido acceso este periódico, ha servido de trasfondo a la reunión de coordinadores territoriales de la Agencia que ha teniendo lugar en Madrid la pasada semana. Es allí donde se está abarcando el “balance” de los últimos años de cooperación española, que ha tenido que seguir adelante a pesar de los recortes de más del 60% sufridos desde el comienzo de la crisis.

Los Responsables de Programa y los Responsables de Proyecto son quienes llevan el peso de los Programas de Cooperación sobre el terreno. Los primeros han sido escogidos hace siete años tras una oposición; los segundos, con currículum y entrevista. Son personal laboral desde que el último gobierno socialista los “regularizó”, ya que antes era contratados por obra y servicio, con la desprotección laboral que ello conllevaba.

Sus ‘jefes’ directos son los Directores de las Oficinas Técnicas de Cooperación, altos cargos que responden directamente a Madrid. Tienen contratos de alta dirección, vivienda pagada y pasaporte diplomático, un estatus al que acceden tras un proceso de selección que brilla por su opacidad y que facilita, según denuncian varias fuentes consultadas en la AECID, nombramientos que responden a criterios políticos.

Sin reglas

La falta de regulación es una de las mayores quejas de los Responsables de Programa. De hecho, su situación varía entre los distintos países, independientemente de su estado: “en plazas como Haití o algunos países africanos, muchos que tienen familias a cargo no pueden asumir los costes de viviendas o colegios”. Mientras los altos directivos como los Directores de las OTC, según confirma la misma AECID a este periódico, tienen derecho al pago del arrendamiento de su vivienda en el exterior, el resto de personal percibe una “ayuda por vivienda”: “En muchos casos, no alcanza el 50% del coste”, aseguran los responsables en su carta.

La vivienda que han dejado atrás, en España, queda lejos. Y no sólo por la distancia. Tras la crisis, la Agencia ha anulado el viaje anual a casa, que se costean los trabajadores.

Estos trabajadores en el Exterior -que, trabajando para un Ministerio, pagan IRPF español- tienen subvenciones para los gastos de de escolaridad de sus hijos. Un máximo de 3.906 euros anuales establecidos en un Real Decreto de hace catorce años. De sólo un año más tarde es el Real Decreto que establece actualizar las dietas en el extranjero: “no se ha realizado ninguna actualización desde su publicación”, aseguran en la carta enviada a Robles. A lo que definen un “deterioro” de sus condiciones laborales se añade la falta de aplicación del llamado “módulo de calidad de vida” con el que se regulan las retribuciones del personal funcionario. En teoría, la ley lo reparte “en función de factores como la lejanía, clima, insalubridad, incomunicación, situación de violencia o guerra, inseguridad ciudadana y otros similares que puedan disminuir la calidad de vida del funcionario con relación a España”.

Los Responsables de Programa y de Proyecto llevan el peso de los Programas de Cooperación sobre el terreno. Se les trata como personal local no español

En la práctica, la AECID  trata  a los Resposables de Programas y de Proyectos en en exterior casi como si fuese personal local no español en el exterior, dejándolo fuera del Convenio Unico de la Administración. Junto a la coyuntura económica global y a la caída de valor del euro, lamentan los Responsables de Programa, “hemos llegado a perder hasta un 40% de pode adquisitivo”.

“En muchos países donde trabaja la Cooperación la inflación ha ido subiendo a ritmos desproporcionados”, subraya un trabajador de la Agencia contactado por este diario. “Las dietas para ir a otro país en una comisión servicio, sin embargo, son las mismas que en 2002 y no han sido actualizadas, por lo que las capitales de estos países resultan más caras que Madrid”.

La falta de actualización en la reglamentación de la AECID va más allá. Es desde hace 27 años que no se regulan “los requisitos y méritos necesarios para acceder de forma predecible, estable y objetiva a la Dirección de las 46 Oficinas que la Agencia tiene en el Exterior”. En 2014 se preparó una hoja de ruta al respecto que, destaca este colectivo, no ha producido ningún avance en este sentido.

Ante la “intervención urgente” que solicitan los responsables, la respuesta oficial –enviada, también, por carta– es clara: hablen con Hacienda. Es al departamento de Montoro que corresponde la regulación de las condiciones económicas y las prestaciones sociales, la Agencia no tiene competencias para ello. ¿La carrera profesional? La regula el Derecho Laboral, aseguran desde la AECID. Pero las reuniones con los sindicatos -y ya van cinco- todavía no han producido ningún avance.

“Cada vez más compañeros tienen que renunciar a trabajar en la AECID”. Quedan resumidos en esta frase el hartazgo y la frustración de los Responsables de Programa y de Proyecto de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID). Así lo han hecho constar en una carta enviada al máximo responsable del organismo, Gonzalo Robles, firmada por 70 profesionales. Es su forma de denunciar la inadecuación de sus retribuciones y la falta de regulación en los procesos de selección. Una situación que, según aseguran sus trabajadores, está llevando al “deterioro” de la Agencia.

La carta, a la que ha tenido acceso este periódico, ha servido de trasfondo a la reunión de coordinadores territoriales de la Agencia que ha teniendo lugar en Madrid la pasada semana. Es allí donde se está abarcando el “balance” de los últimos años de cooperación española, que ha tenido que seguir adelante a pesar de los recortes de más del 60% sufridos desde el comienzo de la crisis.

Los Responsables de Programa y los Responsables de Proyecto son quienes llevan el peso de los Programas de Cooperación sobre el terreno. Los primeros han sido escogidos hace siete años tras una oposición; los segundos, con currículum y entrevista. Son personal laboral desde que el último gobierno socialista los “regularizó”, ya que antes era contratados por obra y servicio, con la desprotección laboral que ello conllevaba.

Sus ‘jefes’ directos son los Directores de las Oficinas Técnicas de Cooperación, altos cargos que responden directamente a Madrid. Tienen contratos de alta dirección, vivienda pagada y pasaporte diplomático, un estatus al que acceden tras un proceso de selección que brilla por su opacidad y que facilita, según denuncian varias fuentes consultadas en la AECID, nombramientos que responden a criterios políticos.

Sin reglas

La falta de regulación es una de las mayores quejas de los Responsables de Programa. De hecho, su situación varía entre los distintos países, independientemente de su estado: “en plazas como Haití o algunos países africanos, muchos que tienen familias a cargo no pueden asumir los costes de viviendas o colegios”. Mientras los altos directivos como los Directores de las OTC, según confirma la misma AECID a este periódico, tienen derecho al pago del arrendamiento de su vivienda en el exterior, el resto de personal percibe una “ayuda por vivienda”: “En muchos casos, no alcanza el 50% del coste”, aseguran los responsables en su carta.

La vivienda que han dejado atrás, en España, queda lejos. Y no sólo por la distancia. Tras la crisis, la Agencia ha anulado el viaje anual a casa, que se costean los trabajadores.

Estos trabajadores en el Exterior -que, trabajando para un Ministerio, pagan IRPF español- tienen subvenciones para los gastos de de escolaridad de sus hijos. Un máximo de 3.906 euros anuales establecidos en un Real Decreto de hace catorce años. De sólo un año más tarde es el Real Decreto que establece actualizar las dietas en el extranjero: “no se ha realizado ninguna actualización desde su publicación”, aseguran en la carta enviada a Robles. A lo que definen un “deterioro” de sus condiciones laborales se añade la falta de aplicación del llamado “módulo de calidad de vida” con el que se regulan las retribuciones del personal funcionario. En teoría, la ley lo reparte “en función de factores como la lejanía, clima, insalubridad, incomunicación, situación de violencia o guerra, inseguridad ciudadana y otros similares que puedan disminuir la calidad de vida del funcionario con relación a España”.

En la práctica, la AECID  trata  a los Resposables de Programas y de Proyectos en en exterior casi como si fuese personal local no español en el exterior, dejándolo fuera del Convenio Unico de la Administración. Junto a la coyuntura económica global y a la caída de valor del euro, lamentan los Responsables de Programa, “hemos llegado a perder hasta un 40% de pode adquisitivo”.

“En muchos países donde trabaja la Cooperación la inflación ha ido subiendo a ritmos desproporcionados”, subraya un trabajador de la Agencia contactado por este diario. “Las dietas para ir a otro país en una comisión servicio, sin embargo, son las mismas que en 2002 y no han sido actualizadas, por lo que las capitales de estos países resultan más caras que Madrid”.

La falta de actualización en la reglamentación de la AECID va más allá. Es desde hace 27 años que no se regulan “los requisitos y méritos necesarios para acceder de forma predecible, estable y objetiva a la Dirección de las 46 Oficinas que la Agencia tiene en el Exterior”. En 2014 se preparó una hoja de ruta al respecto que, destaca este colectivo, no ha producido ningún avance en este sentido.

Ante la “intervención urgente” que solicitan los responsables, la respuesta oficial –enviada, también, por carta– es clara: hablen con Hacienda. Es al departamento de Montoro que corresponde la regulación de las condiciones económicas y las prestaciones sociales, la Agencia no tiene competencias para ello. ¿La carrera profesional? La regula el Derecho Laboral, aseguran desde la AECID. Pero las reuniones con los sindicatos -y ya van cinco- todavía no han producido ningún avance.
Tomado de El Confidencial (28 de julio de 2015):  Bronca en la AECID: los responsables de programa se rebelan contra los altos cargos

Foto;  tomada de El Confidencial (Salida de avión de la AECID hacia Filipinas, en noviembre de 2013).