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El origen de la Responsabilidad Social Corporativa (RSC) se remonta al siglo XIX, cuando el Estado no asumía su función social y en una conjunción entre filantropías y militancia caritativa se constituían los primeros fondos de solidaridad, mutualidades, ONG y otras herramientas de cobertura para los sectores más vulnerables de la sociedad. Esta realidad fue desapareciendo en función de la construcción del Estado de bienestar europeo tras la Segunda Guerra Mundial.Más allá de sus antecedentes históricos, la RSC se empieza a implementar a partir de la década de 1960, desarrollándose también conceptos como rentabilidad social de la empresa, teoría de los stakeholders [1], y ética empresarial.

Teóricos actuales de la RSC, como Archie B. Carroll [2], resumen esta disciplina en cuatro grandes áreas: 1) Responsabilidades económicas, enfocadas ala producción de bienes y servicios para la sociedad; 2) Responsabilidades legales, enfocadas a cumplir las leyes; 3) Responsabilidades éticas, enfocadas a las actividades no reguladas directamente por las leyes, pero deseadas por la sociedad; y 4) Responsabilidades filantrópicas, enfocadas a las acciones voluntarias que contribuyen al bienestar de la comunidad.

Es decir, más allá de las aportaciones económicas –lo filantrópico-, se reconoce un sentido de la RSC que incluye dos enfoques claves: el primero respecto a la inclusión de la empresa en el campo social, a través de fundaciones u organizaciones subsidiarias, con el fin de que administren y gestionen las donaciones y el problema social de interés corporativo; y el segundo significa un cambio en la racionalidad corporativa, que busca incorporar cierto sentido social siempre y cuando no afecte a su interés económico.

Fue Milton Friedman en un artículo publicado el 13 de septiembre de 1970 en The New York Times (“La responsabilidad social de la empresa es aumentar las ganancias”), quien indicaba que la empresa no tenía la responsabilidad de resolver los problemas de la sociedad, y que la verdadera “responsabilidad social” de una corporación era ganar más, teóricamente con el objetivo de crear más empleos y producir más bienes y servicios [3].

Siguiendo a los actuales teóricos de la RSC es fácil ver como el debate actual está centrado en determinar cuánto aporta en beneficios dicha modalidad de intervención cuando se incluye en la gestión y dirección empresarial. Así, para unos autores, la RSC mejora el rendimiento financiero de la empresa(Simpson y Kohers, 2002), para otros se fideliza a los clientes (Maignan, 2001), hay teóricos que determinan que a través de la RSC se revaloriza la imagen y reputación de las corporaciones (Smith, 2003), e incluso hay quienes afirman que la RSC es un mecanismo por el cual se incrementa la capacidad de atraer y retener a los trabajadores (McGuire, 1988) o de facilitar el acceso al capital (Hockerts y Moir, 2004).

Si en algún momento alguien llegó a creer que hay una nueva tendencia del capital dirigida a superar el objetivo único de la maximización de beneficios por parte de las empresas, el debate de los teóricos “duros” de la RSC a nivel mundial demuestra todo lo contrario. No hay debate sobre “buenas prácticas” sin que este esté asociado a la rentabilidad económica. Si la RSC genera costes adicionales estos deberán ser superados por la rentabilidad económica obtenida de ella. ¡¡Esto es el capitalismo!!

La visión ciudadana sobre la RSC

Las diferentes estrategias de imagen, derivadas del quehacer cotidiano de los departamentos de comunicación y relaciones externas de las transnacionales, han conseguido posicionar en el imaginario de gran parte de la ciudadanía mundial la creencia de que la RSC se inspira en la pertenencia o identidad de estas macro corporaciones empresariales hacia las sociedades en las que actúan, como una herramienta más que contribuye a la solución de sus problemas.

De esta manera, la RSC se vincula socialmente a un sentimiento filantrópico organizacional dirigido a los sectores más vulnerables, que tiene como finalidad ayudarles a insertarse más dignamente a la sociedad. Desde esa perspectiva, la RSC pasa a ser una lógica altruista realizada desde los sectores empresariales, buscando retribuir a los núcleos más débiles de las sociedades donde actúan, con un fin compensatorio. Bajo esta idea se esconde una estrategia de marketing que busca una mejor aceptación social, sustentada sobre el planteamiento de que las organizaciones empresariales, especialmente las que mayor poder tienen, desarrollan más allá de su actividad productiva y comercial, una serie de loables actividades de enfrentamiento con los problemas sociales, en gran parte generados por ellos mismos.

Sin embargo, desde la misma etimología del término “corporativo”, se hace alusión a una figura amplia de la organización capitalista, la gran empresa, dado que el desarrollo empresarial en el sistema capitalista tiene como finalidad la construcción de grandes “corporaciones” que combinan empresas productivas y comerciales para mayor beneficio del capital empresarial.

Así, se fomentan actividades culturales o educativas y la financiación de proyectos de cooperación y desarrollo en las comunidades o regiones donde desarrollan sus actividades empresariales. A estas actividades se unen la pertenencia a instituciones que promueven la RSC tales como el Pacto Global [4], la firma voluntaria de códigos éticos y de prácticas de buena conducta o la realización de auditorías socioambientales con la presentación de informes de rendición de cuentas.

La RSC crece en momentos de crisis

El 3 de febrero de 2009, en los momentos más álgidos de la crisis en los EEUU, Stefan Stern publicaba un artículo en The Financial Times haciendo uso de un juego de palabras en inglés donde alegaba que las “emisiones” de la RSE son el gas de efecto invernadero más mortífero (“The deadliest green house gas: The hot air of CSR”) [5]. Según Stern, debido a la recesión, por fin se acabaría esta tontería de la RSC y, siguiendo las tesis de Friedman, se volvería a la principal responsabilidad de la empresa: hacer dinero.

Fue la ignorancia de Stern, desconocedor que la RSC es en realidad una fórmula para hacer dinero, la que le llevó a equivocarse garrafalmente.

En los momentos más duros de la crisis estadounidense y por ende mundial, corporaciones como la Glaxo Smith Kline (GSK) anunciaban que reducirían un 25% el precio de las medicinas en los cincuenta países menos desarrollados. La transnacional químico farmacéutica indicaba además que reinvertiría el 20% de los beneficios en esos países en infraestructura de salud y que respaldaría el intercambio de investigaciones sobre enfermedades ignoradas.

De igual manera, la transnacional británica Cadbury, pionera en la RSC desde el siglo XIX, anunciaba asociaciones con el fin de mejorar las condiciones económicas, sociales y ambientales de los productores de cacao, invirtiendo $45 millones de libras esterlinas para los próximos diez años. En 2008 invirtió un millón de libras de sus utilidades netas, las cuales se elevaron a 650 millones. De igual manera, anunciaba que la barra de chocolate más popular en el Reino Unido pasaría a ser elaborada con cacao certificado por el comercio justo, anunciando una campaña de distribución de bicicletas gratis en Ghana.

De igual manera, unas semanas después de que Starbucks sufriese duras críticas en la prensa por malgastar seis millones de galones de agua al día -finales del 2008-, la transnacional anunciaba que en 2009 duplicaría sus compras de café con comercio justo a 40 millones de libras.

¿Ahora veamos el porqué de tanta buena acción? Cadbury es uno de los compradores de cacao más importantes del planeta. En algunos países de África como Ghana -segundo productor del mundo y un el principal proveedor de Cadbury-, la producción sufre una caída importante debido a la migración de los jóvenes a las ciudadesen busca de mejores oportunidades económicas. Esta circunstancia tiene severas implicaciones en la oferta y el precio del producto para la transnacional. A este hecho, hay que sumar que el mercado británico tiene una tendencia a la demanda de cacao certificado (Cadbury produce 300 millones de barras de chocolate al año). Las empresas que quieren mantener sus mercados están obligadas a readaptar sus estrategias en el mercado.

Lo mismo le sucede a la transnacional Starbucks, teniendo una demanda tan grande que apenas logra obtener el 6% de su materia prima con el certificado de comercio justo (datos 2008). Esto lleva a la compañía a desarrollar programas de apoyo a sus productores con el fin de mejorar la oferta. En realidad los préstamos a estos productores no superan los 20 millones de dólares anuales, algo insignificante para una corporación de estas características.

Por último, el caso de GSK, sin duda el más vergonzoso. El ingreso per cápita del más rico entre los 50 países menos desarrollados es del 1.6% respecto de los EEUU. Reducir el precio de sus medicamentos en una cuarta parte no significa nada, dado que los habitantes a los que se les dirige esta oferta no tienen capacidad de compra para estos productos. El 20% de las utilidades de GSK en estos 50 países tan solo asciende a unos 2 millones de dólares, los cuales distribuidos entre los países en cuestión significa una inversión promedio para infraestructuras de salud para cada uno de ellos de 50.000 dólares. En lo que respecta a compartir información sobre enfermedades ignoradas por la investigación, ello solo incluye las patentes en enfermedades raras en los países en vías de desarrollo, que en general no han sido sometidas a las pruebas clínicas en países desarrollados.

Nuevas formas de Cooperación Internacional: la RSC

Si se considera la cooperación internacional como el flujo de recursos internacionales destinados “teóricamente” al desarrollo, veremos que la AOD es apenas una parte de la cooperación internacional. En las últimas dos décadas han proliferado nuevos actores y nuevas fórmulas en la cooperación. Entre ellas destaca la cooperación proveniente de entidades privadas, como es el caso de las Fundaciones de Responsabilidad Social vinculadas a corporaciones.

El nuevo discurso de las transnacionales, forjado especialmente a partir de la Cumbre de la Tierra (1992) [6], afirma que estas han de regirse bajo un nuevo paradigma de orden ético: la RSC.

Con el desarrollo de la Sociedad de la Imagen, el Espectáculo y la Información se expandió también el concepto de la RSC a escala planetaria, generándose un desorden conceptual y terminológico. De esta manera la RSC pasó a ser un “cajón de sastre” en donde tiene cabida desde el marketing solidario hasta las adscripciones a acuerdos internacionales, transversalizados por códigos de conducta y acuerdos marcos globales, informes de sostenibilidad y buen gobierno, fondos de inversiones éticas y desarrollo de actividades culturales, sociales y educativas, llegando a proyectos de investigación y cooperación al desarrollo en los países del Sur.

Las transnacionales encontraron en la retórica del Desarrollo Sostenible y en la RSC, ambas inventadas por ellos mismos, un arma de “alto calibre” para combatir la cada vez mayor erosión que sufría su imagen corporativa, desgastada por continuas denuncias de violación de derechos humanos y responsabilidades en la generación de pasivos ambientales. De esta manera, muchas de las corporaciones más denunciadas a lo largo y ancho del planeta se presentan hoy como un nuevo Ciudadano Global. Gracias a la asunción de los principios de unilateralidad y voluntariedad que implica la RSC, lo que se generó fue un freno a la exigencia de códigos vinculantes y obligatorios que delimiten las responsabilidades de las empresas transnacionales por los efectos de sus operaciones.

En un mundo globalizado, donde las nuevas tecnologías de la información hacen posible la socialización de los hechos ocurridos en cualquier lugar del mundo de una forma inmediata, las grandes corporaciones son conscientes de que no les interesa desarrollar una estrategia de confrontación, siendo mucho más efectivo forjar una imagen corporativa que transcienda el propio objeto de consumo del que son responsables. La RSC se ha convertido en una forma de crear valor añadido para las empresas, proyectando imágenes positivas de sus productos y servicios hacia gobiernos y sociedades afectadas, así como a los consumidores de otras partes del planeta.

Esta nueva forma de intervención se va convirtiendo en una realidad en los países del Sur, ya sea a través de proyectos con poblaciones locales, programas ambientales o financiamientos de proyectos sociales. Todo ello con el beneplácito de gobiernos locales y nacionales cómplices por ignorancia o mala fe.

De esta manera por poner tan solo un par de ejemplos, sociedades como ENDESA, que dice querer “ser percibida como una empresa cercana a las preocupaciones sociales y un socio indispensable para el progreso económico, social y ambiental de los países donde tiene presencia” [7], mantiene un pulso donde incluso hay presos con la población chileno-mapuche que no la quiere en su territorio. También es reseñable el caso de REPSOL YPF, una de las empresas más galardonadas en el ámbito de la RSC, que ha sido denunciada en una reciente Auditoria Petrolera realizada en Bolivia por apropiación de reservas a costo cero, incumplimiento de contrato, incumplimiento de inversiones, falta de tecnología, generación de pasivos ambientales e ilegalidad de contratos de riesgos compartidos [8].

Esta claro que asistimos a una fase de cambio radical en la cooperación internacional tal y como la conocemos. En el actual mundo de la globalización económico capitalista, la cooperación internacional tiende a un marco inter empresarial, privado y sostenida sobre este tipo de fundaciones e instituciones de carácter privado.

Mientras determinados países del Sur, como es el caso del Ecuador, tienden a normativizar y controlar la cooperación internacional, la RSC aparece como una forma para eliminar toda forma de control dado su carácter voluntario y por ello no consensuado.

Cabe recordar que en los años setenta, la Asamblea General de Naciones Unidas pretendió aprobar un código externo de carácter vinculante para las empresas transnacionales, lo cual fue bloqueado de inmediato. Paralelamente, en EEUU se aprobaban más de 300 códigos empresariales de voluntariedad como una demostración de fuerza de las transnacionales frente a los Estados promotores de la iniciativa.

Esta voluntariedad implica varias cuestiones: alcance del compromiso, adopción de ciertos criterios y no de otros, no determinar objetivos medibles y la desfiscalización de las acciones emprendidas. Volviendo a los ejemplos, el último informe elaborado por el Observatorio español de la RSC indica que siguen dándose notables diferencias entre la información que se da a los accionistas e inversores respecto a la que reciben otros grupos de interés, señala también la falta de información respecto a cuestiones ambientales y sociales, y termina indicando la asimetría existente entre el interés que muestran las empresas españolas por contribuir al desarrollo de los países donde operan versus la falta de indicadores económicos en sus informes que permitan analizar seriamente su compromiso real con esta causa.

Por último, se hace necesario señalar que siendo la RSC una realidad ya indiscutible que se va transformando en un nuevo modelo de cooperación internacional, se hace necesario y urgente habilitar los mecanismos que permitan al Estado y a las comunidades afectadas controlar la rendición de cuentas de las transnacionales a los inversores al menos en sus obligaciones sociales, ambientales y de desarrollo. De esta manera las empresas tendrán al menos algún tipo de fiscalización respecto a cumplimiento de sus promesas de ofertas de empleo, ganancias para las comunidades que sufren su actividad y sobre el uso responsable de los recursos naturales. De igual manera los Estados deberán articular mecanismos de control de la RSC, articulando en sus órganos rectores de la cooperación departamentos, técnicos y legislación adecuada.

Tomado de Rebelión (17 mayo 2012): “RSC”, realidades sin coherencia

Notas[1] Stakeholder es un término inglés utilizado por primera vez por R. E. Fre

]]> http://cooperantes.net/2136/rsc-hacia-una-privatizacion-de-la-cooperacion-internacional/feed/ 0 http://cooperantes.net/2133/residencia-y-nacionalizacion-de-familiares-de-cooperantes/ http://cooperantes.net/2133/residencia-y-nacionalizacion-de-familiares-de-cooperantes/#comments Thu, 17 May 2012 23:53:31 +0000 secretaria http://cooperantes.net/?p=2133 ¿Podrán nacionalizarse los/as esposos/as de cooperantes en activo? Parece abrirse una puerta. El Real decreto 240/2007 de 16 de febrero, sobre entrada y libre circulación en España de ciudadanos de los estados miembros de la UE, aunque puede despistarnos por su nombre, afecta también a los/as familiares de españoles/as que no forman parte de la UE. 

3. La vigencia de la tarjeta de residencia de familiar de ciudadano de la Unión caducará por las ausencias superiores a seis meses en un año. No obstante, dicha vigencia no se verá afectada por las ausencias de mayor duración del territorio español que se acredite sean debidas al cumplimiento de obligaciones militares o, que no se prolonguen más de doce meses consecutivos y sean debidas a motivos de gestación, parto, posparto, enfermedad grave, estudios, formación profesional, o traslados por razones de carácter profesional a otro Estado miembro o a un tercer país. Esta caducidad por ausencia no será de aplicación a los titulares de tarjeta de familiar de ciudadano de la Unión vinculados mediante una relación laboral a organizaciones no gubernamentales, fundaciones o asociaciones, inscritas en el registro general correspondiente y reconocidas oficialmente de utilidad pública como cooperantes, y que realicen para aquéllas proyectos de investigación, cooperación al desarrollo o ayuda humanitaria, llevados a cabo en el extranjero. Tampoco será de aplicación a los titulares de dicha tarjeta que permanezcan en el territorio de otro Estado miembro de la Unión Europea para la realización de programas temporales de estudios promovidos por la propia Unión.

El África Subsahariana no puede mantener su actual crecimiento económico si no acaba con el hambre que afecta a más de 200 millones de personas en la región, advirtió hoy en Nairobi el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD).

“Los impresionantes índices de crecimiento del producto interior bruto (PIB) en África no se han traducido en la eliminación del hambre y la malnutrición. Se necesita un crecimiento inclusivo y políticas centradas en las personas y la seguridad alimentaria”, afirmó la administradora del PNUD, Helen Clark, en un comunicado.

Clark hizo esas declaraciones con motivo de la presentación, en la sede de la ONU en la capital keniana, del ‘Informe de Desarrollo Humano de África 2012: Hacia un futuro de seguridad alimentaria’, elaborado por el PNUD.

El documento sostiene que están “malnutridos” la cuarta parte de los 856 millones de habitantes del África Subsahariana, que continúa siendo “la región de mayor inseguridad alimentaria del mundo”.

“En estos momentos, más de 15 millones de personas se encuentran en riesgo solo en el Sahel (…), y un número similar en el Cuerno de África sigue siendo vulnerable tras la crisis alimentaria del año pasado en Yibuti, Etiopía, Kenia y Somalia”, subraya el texto.

Esa situación -indica el informe- entra en contradicción con “las elevadas tasas de crecimiento registradas en el África Subsahariana en los últimos años, algunas de ellas entre las más rápidas del mundo, y las mejoras de la esperanza de vida y la escolarización, que no han conducido a una mejora de la seguridad alimentaria”.

Además, resulta “una dura paradoja que en un mundo con excedente de comida, el hambre y la malnutrición sigan omnipresentes en un continente con grandes recursos agrícolas”, dijo el director del PNUD para África, Tegegnework Gettu.

A juicio de Clark, la construcción de un futuro con seguridad alimentaria en África se conseguirá solo si “los esfuerzos abarcan todas las políticas de desarrollo”.

Más producción agrícola y justicia social

En ese sentido, el informe pide que se emprendan acciones “inmediatas”, como el incremento de la producción agrícola y una mayor justicia social.

Asimismo, el PNUD aboga por potenciar los programas que garanticen una nutrición más efectiva y recomienda que se tomen medidas contra eventualidades como la sequía, el conflicto, el cambio climático o la volatilidad de los precios de los alimentos.

La seguridad alimentaria, según la definición esgrimida en la Cumbre de la Alimentación de 1996, significa que “las personas pueden tener acceso de manera consistente a suficiente comida nutritiva para satisfacer sus necesidades dietéticas y poder llevar una vida sana a un precio que puedan pagar”, recuerda el informe.

El documento se divulgó a poco de que el presidente de EEUU, Barack Obama, se reúna el próximo día 19 con cuatro líderes africanos -los jefes de Estado de Benín, Ghana y Tanzania, así como el primer ministro de Etiopía- para abordar la seguridad alimentaria en el continente.

Obama recibirá a esos mandatarios en el contexto de la cumbre del G-8 (ocho países más industrializados y Rusia), que se celebrará en la residencia de descanso presidencial de Camp David, en las afueras de Washington.

Tomado de El Mundo (16 mayo 2012): África no podrá mantener su avance económico si no elimina el hambre

Otra noticia relacionada en El Mundo (16 mayo 2012): Los donantes sólo han financiado el 1% del dinero para tratar la desnutrición

 

El 12 de mayo se celebra el Día Mundial del Comercio Justo con el lema “Para disfrutar de un buen café no hace falta que termine molido nadie”

 

• Por AZUCENA GARCÍA / MARI CARMEN NOYA

El Día Mundial del Comercio Justo se conmemoró el 12 de mayo (segundo sábado de mayo) en un total de 172 localidades españolas. Hubo numerosas actividades de sensibilización para animar a los ciudadanos a tomar parte en ellas y que conozcan más sobre este modo de intercambio. El fin del comercio justo es garantizar unas condiciones laborales y de vida dignas de los productores, a la vez que se lucha contra la explotación laboral infantil y se impulsa laparticipación de las mujeres.

“Para disfrutar de un buen café no hace falta que termine molido nadie” es el lema elegido este año en la celebración del Día Mundial del Comercio Justo. El acto principal estará marcado por múltiples concentraciones de personas que molerán café, “un gesto con el que se pretende llamar la atención ante las situaciones de injusticia (salarios míseros, condiciones laborales indignas, explotación infantil, desigualdad de género, deterioro del entorno medioambiental…) que se esconden tras la producción y comercialización de café y otros artículos, y que consolidan la pobreza”, resalta la Coordinadora Estatal de Comercio Justo.

Este año, la celebración del Día Mundial del Comercio Justo se centrará en el café, por ser el segundo producto básico de mayor comercialización mundial, después del petróleo. Solo en España se consumen cada año 200 millones de kilos de este producto.

Los organizadores explican que su precio se fija en las bolsas de Nueva York y Londres, sujeto a una gran volatilidad. No obstante, recuerda la Coordinadora Estatal, “el comercio justo garantiza un precio estable a los grupos productores y superior al del mercado”. Un estudio de la Plataforma Francesa de Comercio Justo señala también que en este sistema alternativo los campesinos reciben un 17% del precio de venta final, mientras que en el comercio convencional el porcentaje alcanza un 5%.

Contra la explotación laboral infantil y a favor de las mujeres

Un aspecto que preocupa en todo el mundo es el trabajo infantil. En numerosos países, los niños son todavía una mano de obra a la que se recurre a menudo. “La Organización Internacional del Trabajo estima que la mano de obra infantil representa en torno al 10% de las personas que trabajan en las plantaciones de café”, subraya la Coordinadora.

En este contexto, uno de los fines del comercio justo es precisamente garantizar que en ningún caso se favorezca la explotación laboral de los niños y que se potencie la participación de la mujer en los órganos de decisión. Además, este modo de intercambio comercial asegura que “el salario y las condiciones laborales son equitativos para los trabajadores” y que las técnicas de producción son ecológicas, “sin emplear sustancias sintéticas o transgénicas”.

Universidades a favor del comercio justo

La organización de comercio justo IDEAS puso en marcha hace algunos años el proyecto “Universidades por el Comercio Justo”. Estos días, junto con las universidades de Cantabria, Córdoba, Extremadura, Jaén, Huelva, Málaga, Sevilla y Valencia, organizan la “Semana universitaria por el Comercio Justo”. El objetivo de esta iniciativa es difundir el comercio justo y el consumo responsable mediante “jornadas, disposición de productos en 62 cafeterías que dispensarán 14.880 cafés de comercio justo y proyección de documentales para contribuir a un modelo de desarrollo sostenible”, explica IDEAS.

AVINA y Ashoka son dos fundaciones vinculadas al gran capital que promueven un modelo de agricultura industrial y basado en los transgénicos, además de la privatización de los bienes comunes como el agua o los bosques. Sin olvidar su fuerte conexión con la mortífera industria del amianto.

Con motivo de la creciente tendencia a la privatización de la ayuda exterior y las alianzas del sector empresarial con los gobiernos (public-private partnership), las organizaciones firmantes de este manifiesto quieren desenmascarar públicamente a algunas de las fundaciones que con excusa de la “cooperación internacional” y otras estrategias como la Responsabilidad Social Corporativa, en realidad actúan para legitimar formas de producción tremendamente negativas en lo social y ambiental, como puedan ser algunos programas agrarios que perjudican enormemente a la agricultura campesina y aumentan la inseguridad alimentaria, proyectos de privatización del agua, explotaciones madereras a gran escala, uso intensivo de substancias tóxicas –como plaguicidas, amianto, mercurio– y un largo etcétera.

Una de las más destacadas es la fundación AVINA, que fue fundada por el magnate del amianto, Stephan Schmidheiny, cuya fortuna se amasó con el negocio del mineral letal a costa de la salud y de la vida de cientos de miles de personas en todo el planeta. De hecho, el 13 de febrero de 2012 fue condenado en Turín –junto al belga Louis de Cartier, otro de los magnates del asbesto– a 16 años de prisión y a resarcimientos por más de 100 millones de euros. Los delitos por los que se les ha condenado son los de “desastre ambiental doloso permanente y omisión dolosa de medidas de protección en el trabajo”. De hecho, la fabricación del amianto en el mundo es la mayor tragedia industrial de la historia, por lo que las organizaciones firmantes quieren dejar claro su inequívoco apoyo a las víctimas de este material y a sus familiares, así como a la prohibición mundial de su uso.

Además, Schmidheiny ha sido directivo de Nestlé, de la Unión de Bancos Suizos, y de ABS Brown, entre otras multinacionales. El actual presidente de AVINA, Brizio Biondi-Morra, fue gerente de la multinacional química DuPont, una de las corporaciones globales que promueven los cultivos transgénicos.

Por otro lado, en lugares como el norte de Brasil, las cubiertas de los edificios de las reservas indígenas están siendo reemplazados por tejas de amianto, en un proceso promovido y estimulado por las instituciones gubernamentales, que a su vez son presionadas por estos grupos industriales. Así, se pierden los conocimientos ancestrales de la utilización de paja vinculados al uso sostenible del bosque, al tiempo que se introduce este peligroso tóxico en los poblados.

En el caso de Ashoka, la fundación está presidida en España por un ex-directivo del banco JP Morgan, uno de los bancos internacionales con más responsabilidad sobre la actual crisis financiera y sobre la especulación en los mercados agroalimentarios. Otros fundadores han estado vinculados a la consultora McKinsey&Co. o a General Electric.

Parte de las actividades de estas fundaciones tienen que ver con el desarrollo de la “revolución verde” en el mundo, basada en uso abusivo de abonos y pesticidas químicos, en la expansión de monocultivos destructivos, los latifundios y la producción para la exportación. Por ejemplo, AVINA cuenta entre sus socios destacados al argentino Gustavo Brobocopatel, uno de los mayores productores de soja transgénica que provoca trágicas consecuencias socioambientales.

Ashoka, por su parte, apoya el programa AGRA (Alianza para la Revolución Verde en África, por sus siglas en inglés). El programa AGRA está encabezado por un grupo de grandes corporaciones y fundaciones como Gates o Rockefeller. Detrás de los millonarios proyectos de financiación lo que se esconde es la promoción de una nueva “revolución verde”, que genera endeudamiento y dependencia de agroquímicos tóxicos, semillas sujetas a derechos de propiedad intelectual y cultivos modificados genéticamente. Esto desplazará a comunidades campesinas y destruirá el conocimiento y las semillas locales, generando mayor hambre y pobreza. Consiste, en definitiva, en la propagación de una serie de proyectos que favorecerán la instalación de las multinacionales del agronegocio en el continente, entre ellas Monsanto. La fundación Gates ha dado 456 millones de dólares a AGRA, y en 2006 contrató a Robert Horsch, ejecutivo de Monsanto durante 25 años, para trabajar en el proyecto. Por ejemplo, en Kenia alrededor de 70% de los proyectos financiados por AGRA trabajan directamente con Monsanto y casi el 80% del financiamiento de Gates en el país tiene que ver con ingeniería genética.

En la creciente tendencia a la privatización de la ayuda exterior y a la fusión del sector empresarial con los gobiernos, AGRA se transforma en una herramienta útil para los intereses de las empresas privadas y los gobiernos occidentales, ávidos de privatizar la tierra y el agua para cultivos de exportación, agrocombustibles y creación de sumideros de carbono.

Una parte importante de la estrategia de fundaciones como AVINA y Ashoka se basa en convertir las negativas consecuencias ambientales de las políticas neoliberales en nuevas “commodities”, esto es, en mercancías y oportunidades de nuevos negocios, sin atajar las verdaderas razones que ocasionan estos problemas. Son una hebra de un tejido más extendido y complejo, con raíces directas en la guerra fría, pero también anteriores, especialmente en las luchas anticoloniales.

Por todos estos motivos, las organizaciones que firman este manifiesto defienden la Soberanía Alimentaria y un cambio fundamental de las políticas agrarias a largo plazo para recuperar las economías alimentarias locales y, en la medida de sus posibilidades, declaran que seguirán luchando en defensa de las semillas campesinas, contra los transgénicos, contra la privatización de los bienes públicos, contra el uso del amianto y en apoyo a sus víctimas, contra las empresas transnacionales como Monsanto y contra iniciativas como AGRA. También contra las fundaciones que alientan de forma más o menos enmascarada estas iniciativas, como AVINA y Ashoka.

Tomado de web de Ecologistas en Acción: Organizaciones sociales y ambientales latinoamericanas y españolas denuncian las consecuencias de la actividad de fundaciones supuestamente filantrópicas.